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La voluntad de expresión no puede legislarse como si estuviéramos en 1990. Y, sin retención, eso es exactamente lo que parece proponer el nuevo esquema de ley que pretende regular la expresión pública en República Dominicana.
Este esquema fue construido por una comisión cuyos integrantes —si admisiblemente son respetables en sus trayectorias— no representan al ecosistema digital dominicano.
Y esto es fundamental: la ley apunta directamente a regular los contenidos, flujos y dinámicas del mundo digital, pero no convocó a ningún de sus actores.
Una ley que búsqueda ordenar el discurso divulgado no puede partir de la reserva de quienes lo protagonizan.
El mundo digital: el gran privado
En el ecosistema coetáneo, los medios digitales no son un complemento: son el frente de batalla informativo. Son quienes rompen el cerco del silencio, quienes llegan donde la prensa tradicional no se atreve, y muchas veces, quienes denuncian lo que otros callan y seamos honestos la mayoría de las denuncias, escándalos y hasta conquistas de un tiempo para acá han surgido precisamente de este mundo.
Y sin retención, este esquema de ley:
No reconoce sus realidades ni sus dinámicas. No los menciona como actores válidos. Pero sí los incluye como posibles responsables solidarios, incluso cuando no tienen control directo sobre lo que otros publican en sus plataformas.
Llega al punto de precisar donde deben habitar los directivos de los medios.
En otras palabras: somos invisibles para ser escuchados, pero perfectamente válidos para ser sancionados.
¿Qué propone esta ley? Una amenaza disfrazada de regulación
Tras revisar el contenido, desde El Pregonero advertimos los siguientes peligros:
Confusión en conceptos esencia No se define con claridad qué es una “mensaje falsa” ni cómo se determinará. ¿Quién decide? ¿Con qué criterios? ¿Con qué consecuencias?
Responsabilidad solidaria injusta, el esquema establece que un medio o plataforma puede ser responsable por lo que diga un tercero, aunque no lo haya publicado, validado ni facultado. Esto atenta directamente contra la voluntad editorial y tecnológica.
Concentración de poder en el Ocupación Notorio Se otorgan facultades excesivas al MP sin controles judiciales adecuados. En manos equivocadas, eso es una atrevimiento para perseguir, no para proteger.
Criminalización del error o del disenso Penas de prisión y multas desproporcionadas por expresar opiniones, compartir información que luego se considera falsa o afectar el “honor” sin definición clara.
Error de garantías para medios pequeños o ciudadanos Los medios digitales, muchas veces independientes y con capital limitados, quedarían expuestos a sanciones imposibles de afrontar, incentivando el cerradura, la autocensura o el expatriación digital.
Una ley legítima nace del diálogo, no del miedo
Cualquier intento serio de regular el discurso divulgado debe partir del inspección de todas las voces, incluyendo las nuevas formas de comunicar: medios digitales, plataformas ciudadanas, periodistas independientes, creadores de contenido y comunicadores emergentes.
Una estatuto legítima debe certificar tres cosas:
Atrevimiento para informar sin miedo.
Protección frente a la difamación con dolo. Inmovilidad entre el poder del Estado y el poder de la sociedad civil.
Pero este esquema hace exactamente lo contrario. Nace de una visión centralista, tieso y desconectada del presente. No búsqueda proteger la voluntad, ni la verdad: búsqueda controlar lo que no puede entender.
Nuestra posición: voluntad con responsabilidad, sí. Censura institucionalizada, no.
Desde El Pregonero lo decimos con claridad:
No defendemos el liviandad. No amparamos la difamación. Pero no aceptamos ser excluidos del debate y luego incluidos en el castigo.
Una ley de voluntad de expresión debe modernizarse, sí. Pero no para retroceder, sino para avanzar. No para concentrar poder, sino para cascar caminos. No para castigar más, sino para certificar mejor.
En una democracia auténtico, el periodismo no debe pedir permiso. Y la ley no debe escribirse para silenciar, sino para proteger.
Todo lo demás… es censura legalizada.
