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El Poder Legislativo adquirió hace ocho abriles las instalaciones y el regional del antiguo Cervantes del hotelemplazado en Gascuepara remodelarlo y trasladar allí varios tribunalesasí como para construir un edificio de cuatro niveles con 218 parqueos. Sin requisa, una disputa constitucional ha frenado la mudanza, a pesar de la escasez de espacio en el sistema de honradez.
En marzo de 2018, la Constructora Vélez & Sánchez (Conversar) ganó la concurso para remodelar el hotel y, en noviembre de ese año, igualmente para construir el edificio de parqueos. Casi un año a posteriori, según esa empresa, el tesina tenía un avance de más de un 90 %.
La trabajar se paralizó inmediatamente tomó posesión en abril del 2019 el coetáneo presidente del Consejo del Poder Legislativo (CPJ) y de la Suprema Corte de Imparcialidad (SCJ), Luis Henry Molina Peña.
En mayo, un documentación de la Dirección de Infraestructura Física del CPJ recomendó contratar una firma consultora para una evaluación técnica exhaustiva de la construcción del denominado Palacio de Imparcialidad de Jurisdicciones Especializadas.
Desde entonces, se inició una litis sobre supuestos vicios de construcción y la marcha de permisos y licenciassin un acuerdo sobre quién debía gestionarlos.
El edificio que alojaría los tribunalesprácticamente diligente hace más de cinco abriles, y el de parqueos en avance, se construyeron al ganancia de las Normas y Especificaciones Generales del Servicio de Obras Públicas y sin osadía de uso de suelo del Concejo del Distrito Franquista.
La adquisición del Cervantes del hotel por 144 millones de pesos se realizó durante la dirección de Mariano Germán (2011-2019) como presidente del CPJ y la SCJ, período en el que el Poder Legislativo enfrentaba constantes reclamos por desatiendo de fortuna, recibiendo casi nada el 1.3 % del Presupuesto Franquista, en vez del 2.66 % que le corresponde por ley.
RD$358 millones
El Esquema de Construcción del Palacio de Imparcialidad de Jurisdicciones Especializadas fue contratado por 103.4 millones de pesos, y el edificio de parqueos, de cuatro niveles, por 86 millones de pesos.
A estos montos se sumaron 25 millones de pesos adicionales, tras un documentación del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) que justificó un ajuste por refuerzos estructurales y cambios en el hormigón.
El costo total de uno y otro contratos ascendió a 214.5 millones de pesos. Con la negocio del hotella inversión total fue de 358.5 millones de pesos.
Condena la empresa
En julio del 2024, la Finca habitación del Tribunal Superior Chupatintas (TSA) condenó a Conversar al cuota de 20 millones de pesos de indemnización a atención del CPJ.
Los jueces determinaron que la empresa “inobservó la cláusula contractual atinente a la adaptación de sus asignaciones a las normas técnicas de construcción“, como establece el pliego de condiciones.
El TSA igualmente declaró la resolución de los dos acuerdos.
“El perjuicio de su influencia quedó acreditado toda vez que, en esencia con el documentación técnico de término 10 de julio de 2020, la edificación en construcción no se hace viable y, por consiguiente, inoperable. De ahí que se retenga un daño específico en tanto que, a la parte demandante: Consejo del Poder Legislativono le resulte posible aprovecharse del acertadamente objeto de construcción”, establece el tribunal.
Conversar apeló la valor en casación. Su presidente, Carlos Vélez, argumenta que no era responsabilidad de la constructora resolver los permisossino del propietario del tesina, el Poder Legislativo. Alega, adicionalmente, que los planos y diseños no estaban aprobados cuando se convocó la concurso.
Expediente en casación
El procedimiento de casación aún no tiene término de conocimiento. La demanda del CPJ fue acogida en parte porque, adicionalmente de la resolución de los contratos con la constructora, demandaba el cuota de 843,043,908.56 pesos por daños y perjuicios ocasionados al Estado dominicano.
Incluso se rechazó una demanda reconvencional de Conversaren la que solicitaba que se ejecutaran los acuerdos y la reparación por daños y perjuicios en más de 86.7 millones de pesos. La empresa sostiene que se le adeuda más de 52 millones de pesos.
Contradicción en auditorías
La sentencia del TSA que condena a Conversar relata que el CPJ solicitó la audiencia del Software de las Naciones Unidas para el Incremento (PNUD) con la finalidad de identificar y contratar a una empresa que realizara evaluaciones técnicas y financieras para el tesina del Palacio de Imparcialidad de Jurisdicciones Especializadas, de donde se seleccionó EPSA-LABCOIngenieros Consultores.
En su documentación, EPSA-LABCO concluyó “que los trabajos ejecutados se realizaron al ganancia de los planos aprobados por las autoridades competentes” y que “existió violación a las normativas”, por lo que “sendas obras” presentan “defectos estructurales” que las hacen “inoperables”, adicionalmente de inseguras.
Asimismo, que “presentó disonancia entre los trabajos cubicados y pagados o, entre lo construido y ejecutado“.
En presencia de este documentación, el TSA acogió el pedido de Conversar para realizar una nueva auditoría. Se designó a los ingenieros Alexander de Jesús Cuello y Julio Mercedes, del Codia. Su observación confirmó la desatiendo de permisospero refutó parte de los hallazgos de EPSA-LABCO. Concluyó que sí hubo continuidad estructural en los muros, lo que llevó a EPSA-LABCO a emitir una fe de errata por errores en su documentación original.
El documentación de los ingenieros del Corteza indica que “no se debe tener temor” de la construcción, a la que deberá dársele continuidad lo más pronto posible para que los procesos ejecutados y los materiales utilizados no se degraden totalmente.
Acuerdo con Fondos Nacionales para su usufructo
En diciembre del año pasado, el CPJ transfirió a Fondos Nacionales el usufructo del ámbito y las mejoras del Cervantes del hotelde 6,850 m², y, en cambio, al Poder Legislativo se le otorgó el edificio de Registro Inmobiliario, en el Centro de los Héroes.
Diario Vacante trató de conocer cuál será el uso que Fondos Nacionales le dará a estos edificios, pero no obtuvo respuesta por más que se insistió.
La sociedad comercial EPSA-LABCO es la misma empresa que realizó las evaluaciones en el 2021 al edificio de las Cortes del Distrito Franquistael cual advirtió de riesgos de esa estructura en un posible cataclismo de magnitud importante en el país.
Tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set el 8 de abril pasado, que causó 233 muertesel CPJ aceleró la mudanza de los más de 15 tribunales de la vieja corte al edificio del Registro Inmobiliario y igualmente dispuso el uso obligatorio de medios digitales en los tribunales civiles del Distrito Franquista.
La jueza Ysis Muñoz, presidenta de la Segunda Sala de la Corte de Apelación, ha pedido a la Cámara de Cuentas una auditoría al uso de los fortuna del Poder Legislativo, de cuya solicitud no ha obtenido respuesta. Entrevistada en el software El Despertador, a principio de mes, se preguntó: “¿Quién va a reponer por esto? (la inversión en el Hotel Cervantes), porque no fue una mano de plátano que compraron”.
