ztevenreal
Julio Santana
Durante abriles nos hemos preguntado si nuestro plataforma normativo —teóricamente diseñado para anticipar y anular riesgos— cuenta con la solidez necesaria para impedir catástrofes como la del Jet Set. ¿Disponemos verdaderamente de un cuerpo técnico de inspectores y reguladores capaz de traducir esas normas en hechos que protejan vidas?
Aunque no somos especialistas en ingeniería estructural, emprendimos una pesquisa exhaustiva que nos llevó a descubrir un entramado forense que, en apariencia, cubre todos los frentes. Entre sus pilares destacan la Ley 160-21que instituyó el Tarea de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones; la Ley 687-82, precursora en la creación de reglamentos técnicos para obras de ingeniería y cimentación; el Decreto 715-01que dio origen a la Oficina Doméstico de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE); y el Reglamento 201-2011 para el Descomposición y Diseño Sísmico de Estructuras. Cerca de recapacitar que hasta 2021 convivimos con la Ley 5150 de 1959, un herramienta pionero cuya obsolescencia exigía puesta al día, pero al que rara vez se le otorgó la importancia crucial que tenía para ciudades inmersas en acelerados procesos de crecimiento caótico, sin planificación alguna desde el propio Estado.
En el corazón de este plataforma forense se halla la OneSvieseñal a coordinar, supervisar y evaluar la seguridad de toda construcción con stop flujo de personas —desde edificios gubernamentales hasta discotecas de arrabal—, lo que incluye, sin duda, la responsabilidad por la preservación de la integridad estructural del Jet Set. Sin confiscación, su rol proactivo choca con un velo de opacidad: pocos conocen sus actividades, y menos aún han sido testigos de inspecciones periódicas o auditorías técnicas rigurosas en recintos deportivos, salas de espectáculos y espacios de uso masivo, entre otros lugares de entrada concurrencia.
La magnitud de sus funciones —monitoreo constante de parámetros estructurales, elaboración de planes de prevención, protocolos de emergencia y sanciones administrativas— contrasta dolorosamente con la sinceridad. ONESVIE enfrenta limitaciones presupuestarias que impiden la adquisición de equipos de medición destacamento y la contratación de consultorías especializadas. A esto se suma la carencia de programas de formación continua para sus inspectores, quienes necesitan dominar nuevas metodologías de dictamen, herramientas de simulación y criterios internacionales de diseño para que sus protocolos no queden obsoletos.
Otro coeficiente fundamental es la partida de sistemas de información integrados: sin una plataforma digital que consolide datos de inspecciones, anomalías detectadas y medidas correctivas, la trazabilidad de los procesos se diluye y la coordinación con entidades como Protección Civil, Defensa Civil y ayuntamientos se vuelve fragmentaria, por no aseverar inexistente. En consecuencia, cada inspección opera como una isla, desprovista de ecosistemas interinstitucionales que potencien su efectividad.
Pero la descompostura no es monopolio de las instituciones estatales. El sector privado, actor central en la ejecución de obras, no siempre asume con rigor sus obligaciones: certificarse, poner al día planes de prevención y contratar evaluaciones técnicas. Resulta instructivo —y preocupante— el prueba de un patrón de la connotación social y económica de Antonio Espaillat, quien afirmó ignorar el estado de la estructura y solo centralizaba sus esfuerzos en la sustitución de “los plafones de yeso” que cedían por “la acumulación de humedad”. ¡Durante treinta abriles se limitó a cambiar plafones sin acogerse a ingenieros especializados! Una prueba palmaria de la inexistencia de una civilización de seguridad compartida.
La conjunción de financiamiento insuficiente, obsolescencia tecnológica, carencias formativas y desatiendo de conciencia regulatoria explica por qué la ONESVIE no cumple su cometido. A ello debemos sumar la apatía de la sociedad civil y la pasividad de quienes tienen el derecho —y el deber— de exigir transparencia y cumplimiento.
Si verdaderamente anhelamos evitar nuevas tragedias, urge evaluar en profundidad el presupuesto y la planta técnica de la ONESVIE, revisar credenciales, diseñar una plataforma de información unificada y poner en marcha un software de capacitación permanente. Al mismo tiempo, debemos cultivar en el sector privado y en la ciudadanía la convicción de que la seguridad estructural es un patrimonio colectivo con el que todos tenemos una cuota de responsabilidad. No necesitamos una nueva ley, sino hacer cumplir con rigor las que ya existen, fortaleciendo los mecanismos de inspección, auditoría y castigo, y fomentando una civilización de prevención que no dependa de dolientes, sino de la responsabilidad compartida de todos los dominicanos.
En próximos artículos recorreremos los componentes que aún faltan por descifrar del entramado normativo e institucional encargado de avalar la seguridad y la fiabilidad de nuestras estructuras —sean civiles, industriales o de otra índole— en todo el zona doméstico.
Z digital no se hace responsable ni se identifica con las opiniones que sus colaboradores expresan a través de los trabajos y artículos publicados. Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción total o parcial de cualquier información gráfica, audiovisual o escrita por cualquier medio sin que se otorguen los créditos correspondientes a Z digital como fuente.
