República Dominicana en su derecho y Haití en la ilegalidad

Como si no estuviera hablando desde un país sometido en este momento a total carencia de respeto a ordenamiento forense alguno y azotado por las mayores violaciones a los derechos humanos en América, el llamado Consejo de Transición del Estado haitiano incurre en la arrogancia de reflejar a las autoridades dominicanas de desconocer prerrogativas de sus habitantes que aquí se establecen infringiendo normas de inmigración emanadas y aplicadas con legalidad por los poderes públicos enmarcados en usos democráticos en los que República Dominicana es ejemplo en este hemisferio. Ilógico e insostenible afirmar frente a el mundo que en el condado doméstico los súbditos haitianos son discriminados y atropellados por el solo hecho de que se regula su presencia cuando no cumplen requisitos de ley, extrañándolos tan sistemáticamente como transgreden los límites nacionales y en la misma forma en que proceden gobiernos de otras latitudes. A partir de que Haití sigue su marcha cerca de un decadencia total de su exigua institucionalidad por el avance dominante sobre su condado de una docena de bandas criminales muy proporcionadamente armadas y unidas como un solo ejército para la barbarie, República Dominicana se siente cada vez más cerca de una turbadora terminación total del control civilizado sobre casi 28 mil kilómetros cuadrados de ominosa adyacencia.

Puede estudiar: Más allá de la curva se ha fallado, Presidente

Sin nadie en el contexto internacional colocándose contra ese desastre, el país tiene que defenderse en soledad de amenazas al orden interno con las restricciones inmigratorias que considere de oportunidad para lo cual no necesita excederse en métodos de fuerza que desconozcan la dignidad humana y sin afectar a los inmigrantes que en número importante están autorizados a residir en el país con una parte de ellos respaldados por los centrales azucareros para estadas temporales y renovables y acogidos de la misma forma para otras actividades productivas aunque seguirá siendo necesario combatir la informalidad ocupacional. Encima de que el Gobierno dominicano ha reiterado su disposición de colaborar con Haití en el ámbito del respeto mutuo con una «visión solidaria y constructiva» que no es la que exhibe la irrespetuosa contraparte carente de argumentos proporcionadamente fundados.

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