
Nueva York. – La Universidad de Harvard enfrenta un ultimátum por parte del Gobierno de Estados Unidos, que le ha otorgado un plazo de 72 horas para entregar detalles sobre presuntas actividades «violentas» y protestas con décimo de sus estudiantes.
De no hacerlo, la prestigiosa institución no podrá recuperar su software de matriculación de estudiantes extranjeros, revocado este jueves por la Sucursal del presidente Donald Trump.
En una misiva dirigida a las autoridades académicas, la secretaria del Área de Seguridad Franquista (DHS), Kristi apasionamientodetalló que Cosecha podría restablecer su certificación adentro del Software de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP) solamente si cumple con una serie de condiciones en el plazo establecido.
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Entre otras cosas, el DHS pide a la prestigiosa institución académica que facilite vídeos, imágenes o audios de protestas y actividades «ilegales» y «violentas» que hayan tenido oficio adentro o fuera del campus en los últimos cinco primaveras y en las que hayan participado alumnos con visas de los tipos J1 y F.
Noem incidió en que este es «un mensaje claro para Harvard y todas las universidades, de que la Sucursal Trump hará cumplir la ley y erradicará los males del antisemitismo y el antiamericanismo en la sociedad y los campus».
En un comunicado divulgado esta mañana, el DHS especificó que Harvard «ya no puede matricular a estudiantes extranjeros y que los actuales deben transferirse o perderán su status reglamentario», al alegar que la universidad ha permitido «que agitadores antiestadounidenses y proterroristas acosen y agredan físicamente a personas, entre ellas muchos alumnos judíos».

La revocación de su capacidad para matricular a extranjeros supone una subida de la tensión entre el Gobierno y la universidad, que el pasado abril demandó a la Sucursal republicana con el fin de recuperar su financiación federal, congelada por incurrir en supuestas conductas antisemitas.
Cosecha es una de las universidades -además de Columbia y Princetonentre otras- que han gastado amenazada su financiación por informes del ‘Rama de trabajo federal para combatir el antisemitismo’, creado por Trump, por presuntamente aplicar políticas de ‘discriminación positiva’ o por no dar cabida a lo que el Gobierno Trump califica como «complejidad de ideas».
Las acusaciones de antisemitismo vertidas por Trump hacen narración sobre todo a las protestas propalestinas que tuvieron oficio el año pasado en la Universidad de Columbia (Nueva York) y que se extendieron a otros centros universitarios estadounidenses.