
La República Dominicana presentó sus principales avances en materia de promoción y leyes de la competencia durante el “Taller sobre promoción de la competencia: Herramientas y consejos prácticos”, organizado por la Ordenamiento para la Cooperación y el Expansión Económicos (OCDE) y el Instituto Franquista de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
En representación del país, la presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Franquista de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), María Elena Vásquez Taveras, compartió la experiencia dominicana en el diseño e implementación de una táctica integralpara vigorizar la institucionalidad y difundir el conocimiento sobre la autónomo competencia.
Vásquez Taveras señaló que la República Dominicana ha conseguido avances considerables a través del trabajo con sectores esencia como la entidad, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y la Oficina pública, promoviendo una civilización de competencia desde múltiples frentes.
En el ámbito culto, destacó que ProCompetencia ha formalizado más de 10 acuerdos de cooperación interinstitucional con universidades, desarrollando un software intensivo de actividades formativas que ha capacitado a cientos de estudiantes. “Estos esfuerzos están produciendo cambios estructurales tangibles en el sistema educativo. De forma concreta, dos universidades han iniciado ya sus procesos para incluir el derecho de la competencia como materia obligatoria en sus programas académicos, lo que representa un avance significativo alrededor de la institucionalización de esta disciplina en la formación superior”,subrayó.
En el sector divulgado, explicó que se ha implementado un software sistemático de formación para funcionarios que inciden directamente en decisiones de contratación y regulación. El plan más angurriento en esta cuerda es el Plan de Capacitación sobre Detección de Colusión en los Procesos de Compras para la Oficina Pública,ejecutado pegado a la Dirección Universal de Ética e Integridad Gubernativo (Digeig). Este software ha permitido la formación de cerca de 300 oficiales de integridad, y se proyecta alcanzar 1,000 funcionarios capacitados antaño de noviembre de este año.
“Los enseres de estas jornadas ya se han puesto de manifiesto, pues en los casos más recientes de colusión en procesos de compras públicas ha sido posible contar con información esencia suministrada directamente por diversas entidades gubernamentales”,destacó.
La presidenta de ProCompetencia afirmó que la institución ha desarrollado una táctica integral de posicionamiento institucional basada en eventos de detención impacto, publicaciones especializadas y un software sostenido de capacitaciones, lo que ha fortalecido su presencia en el ecosistema regulatorio.
Uno de los logros más significativos destacados fue la aprobación de la Política Franquista de Competencia, la cual calificó como “la utensilio más poderosa con la que cuenta la República Dominicana en este sentido“.
Explicó que este aparato, legitimado por el más detención nivel público, permite institucionalizar la civilización de competencia en la entidad, consolidar la formación en la Oficina pública e impulsar la vigilancia legislatura sistemática.
“La aprobación de esta política es un hito trascendental que evidencia el compromiso del Estado dominicano con la creación de un entorno crematístico donde la autónomo y devoto competencia sea promovida y protegida de forma coordinada entre las entidades gubernamentales”, afirmó Vásquez Taveras.
Durante el taller, compartió espacio con expertos internacionales como Olavo Chinaglia, abogado y expresidente del Consejo Oficial de Defensa Económica (CADE) de Brasil; Diego Morales, director de Competencia de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) de Panamá; Alejandro Ibarra, investigador asociado del Centro de Derecho de la Competencia de la Universidad George Washington (GWU); Ingrid Ortiz,superintendente de Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia; Felipe Castro, superior de la División de Estudios de Mercado de la Fiscalía Franquista Económica (FNE) de Pimiento; y Bevan Narinesingh, director ejecutor de la Comisión de Comercio Amoldonado (FTC) de Trinidad y Tobago.
En el sector divulgado, explicó que se ha implementado un software sistemático de formación para funcionarios que inciden directamente en decisiones de contratación y regulación. El plan más angurriento en esta cuerda es el Plan de Capacitación sobre Detección de Colusión en los Procesos de Compras para la Oficina Pública,ejecutado pegado a la Dirección Universal de Ética e Integridad Gubernativo (Digeig). Este software ha permitido la formación de cerca de 300 oficiales de integridad, y se proyecta alcanzar 1,000 funcionarios capacitados antaño de noviembre de este año.
“Los enseres de estas jornadas ya se han puesto de manifiesto, pues en los casos más recientes de colusión en procesos de compras públicas ha sido posible contar con información esencia suministrada directamente por diversas entidades gubernamentales”,destacó.
La presidenta de ProCompetencia afirmó que la institución ha desarrollado una táctica integral de posicionamiento institucional basada en eventos de detención impacto, publicaciones especializadas y un software sostenido de capacitaciones, lo que ha fortalecido su presencia en el ecosistema regulatorio.
Uno de los logros más significativos destacados fue la aprobación de la Política Franquista de Competencia, la cual calificó como “la utensilio más poderosa con la que cuenta la República Dominicana en este sentido“.
Explicó que este aparato, legitimado por el más detención nivel público, permite institucionalizar la civilización de competencia en la entidad, consolidar la formación en la Oficina pública e impulsar la vigilancia legislatura sistemática.
“La aprobación de esta política es un hito trascendental que evidencia el compromiso del Estado dominicano con la creación de un entorno crematístico donde la autónomo y devoto competencia sea promovida y protegida de forma coordinada entre las entidades gubernamentales”, afirmó Vásquez Taveras.
Durante el taller, compartió espacio con expertos internacionales como Olavo Chinaglia, abogado y expresidente del Consejo Oficial de Defensa Económica (CADE) de Brasil; Diego Morales, director de Competencia de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) de Panamá; Alejandro Ibarra, investigador asociado del Centro de Derecho de la Competencia de la Universidad George Washington (GWU); Ingrid Ortiz,superintendente de Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia; Felipe Castro, superior de la División de Estudios de Mercado de la Fiscalía Franquista Económica (FNE) de Pimiento; y Bevan Narinesingh, director ejecutor de la Comisión de Comercio Amoldonado (FTC) de Trinidad y Tobago.