Una delegación de la Comisión Franquista de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), encabezada por su presidenta, María Elena Vásquez Taveras, entregó a la Cámara de Diputados sus recomendaciones al “Plan de Ley Normal de Contrataciones Públicas”, reintroducido este año al víscera legislador.

La delegación fue recibida por la comisión exclusivo que estudia el esquema, que preside el diputado Gregorio Domínguez Domínguez, quienes escucharon los planteamientos e indagaron sobre las observaciones que hace el organismo.

Las sugerencias hechas por Pro-Competencia buscan asegurar que el nuevo situación normativo de contrataciones públicas incorpore disposiciones que promuevan efectivamente la disponible competencia y protejan la soltura de empresa en beneficio de la eficiencia del mercado y el interés genérico.

En su intervención, la presidenta del Consejo Directivo de Pro-Competencia destacó que la reforma al régimen de compras y contrataciones públicas representa una oportunidad trascendental para el fortalecimiento institucional, la modernización del Estado y la consolidación del Estado social y demócrata de derecho en el país.

“El Plan de Ley Normal de Contrataciones Públicas que actualmente estudia el Congreso Franquista propone una transformación legislatura de gran luces, orientada a asegurar procesos más eficientes, equitativos, transparentes y alineados con los principios constitucionales y los compromisos internacionales asumidos por el país. Desde ProCompetencia, saludamos esta iniciativa como una vía estratégica para promover entornos económicos más abiertos y competitivos y para enriquecer este esquema hemos presentado un mensaje de jurisprudencia con recomendaciones puntuales”, explicó Vásquez Taveras.

Propuestas de modificación

Pro-Competencia propone modificar el artículo 116 del referido esquema, sobre limitación por comprobación de prácticas prohibidas, para ojear expresamente las prácticas colusorias tipificadas en la Ley 42-08 sobre la Defensa de la Competencia, así como la remisión de estos casos a la institución para su investigación y pena.

Esta modificación permitirá robustecer la coordinación interinstitucional y establecer un situación claro para combatir conductas que distorsionan la competencia en las licitaciones públicas.

Con respecto a la transparencia en la información de precios, Pro-Competencia recomienda modificar el artículo 93 para perdurar bajo confidencialidad la apropiación presupuestaria, evitando que su divulgación facilite la coordinación anticompetitiva entre oferentes.

Esta medida, conforme a recomendaciones de buenas prácticas emitidas por la Estructura para la Cooperación y el Avance Crematístico (OCDE) indagación predisponer situaciones donde los competidores podrían utilizar esta información para coordinar sus ofertas y estrechar así la competencia efectiva.

Para las fases de consulta previas a las licitaciones, la entidad propone modificar el artículo 96 para que los pliegos de condiciones preliminares excluyan información que pudiera allanar acuerdos colusorios, y el artículo 103 para establecer que las reuniones técnicas sean preferentemente virtuales y con medidas que protejan la identidad de los oferentes. Estas salvaguardas son esenciales para perdurar la independencia entre los oferentes y evitar comunicaciones que podrían derivar en prácticas anticompetitivas.

Siguiendo las buenas prácticas internacionales, Pro-Competencia propone además incorporar en el artículo 108 el requisito de presentar una Información Jurada sobre “Ofrecimiento Evadido de Colusión” donde los oferentes certifiquen que sus propuestas han sido elaboradas independientemente y sin acuerdos anticompetitivos. Este documento servirá como aparejo preventiva y disuasoria frente a posibles comportamientos colusorios.

Beneficios esperados para el mercado y la sociedad

Las recomendaciones formuladas por Pro-Competencia buscan robustecer la coordinación interinstitucional entre las autoridades de contratación pública y la autoridad de competencia, predisponer la colusión en licitaciones mediante controles ex frente a efectivos, asegurar la transparencia sin comprometer la competencia efectiva, y establecer con claridad las responsabilidades institucionales en materia de vigilancia y pena de prácticas anticompetitivas.

El Consejo Directivo de Pro-Competencia dijo tener fe en que estas propuestas técnicas contribuirán significativamente a la construcción de un situación normativo de contrataciones públicas que promueva la eficiencia, la innovación y la competitividad, generando valía para la ciudadanía y oportunidades para el sector empresarial dominicano.

Sobre la concesión de emitir opiniones técnicas

Como organismo del Estado dominicano responsable de promover y asegurar la existencia de la competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica en los mercados de productos y servicios, en beneficio de los consumidores y usuarios, Pro-Competencia tiene la concesión de emitir informes de recomendaciones sobre proyectos de ley y otras normas que puedan tener incidencia sobre la competencia efectiva en los mercados.

Este deporte de jurisprudencia de la competencia resulta fundamental para asegurar que las nuevas regulaciones incorporen desde su diseño principios que favorezcan la competencia y prevengan distorsiones en el mercado, contribuyendo así a la construcción de un situación normativo más sólido y apto.