El periodista Huchi Lora consideró recientemente que el Partido Revolucionario Nuevo (PRM) es el campeón de los narcotraficantes, refiriéndose a los grandes escándalos registrados en el país con funcionarios legislativos y municipales electos por esa ordenamiento política, sin que ninguna autoridad asuma responsabilidad en torno a una problemática que daña la imagen pública de esa entidad política.

Del 2020 a la plazo a múltiples diputados, alcaldes y regidores, electos por el PRM, se les ha involucrado judicialmente en tráfico de sustancias prohibidas tanto en el país como en Estados Unidos, sin que Luis Abinader, presidente de la República y líder de la ordenamiento, ni José Ignacio Paliza, presidente del partido, ofrezcan una explicación a la opinión pública doméstico.

¿Quién o quiénes son los responsables de candidaturas a puestos de selección popular a individuos sin trayectoria política, pertenecientes al bajo mundo y que buscan inmunidad e impunidad?

No pueden escamotear culpabilidad, porque esos sujetos no fueron a inscribirse a la Sociedad Central Electoral por sí solos. Es innegable que el PRM se ha degradado. Solo la deseo económica desmedida lleva a un partido en el poder, que maneja el presupuesto de la nación, a mostrar una bancada legislativa llena de narcos y riferos, castrando la posibilidad de que jóvenes egresados de las universidades, exento de contaminación de hechos ilícitos, puedan instalarse curules en el Congreso Franquista y decretar a ayuda de la población.

En el PRM, sin confiscación, hay que conversar en dólares. Y al suscrito no le sorprende esa situación, porque desde el 2020 las designaciones favorecieron a inversionistas de campaña, empresarios y oligarcas que recibieron decretos en ministerios y demás puestos relevantes afines a las actividades en que se desenvuelven en el sector privado, generando conflictos de intereses sin precedentes en la oficina de los asuntos públicos.Para colmo: muchos funcionarios están asociados en empresas privadas.

De forma simultánea, desde muy temprano, empezaron a explotar los escándalos de los legisladores narcos, por estar priorizando a sujetos de mucho poder crematístico, que nadie pueda competir con ellos en sus respectivas demarcaciones, pese a que los partidos políticos perciben millones de la JCE.

En este año 2025 se les distribuye 753 millones de pesos y el 80% del total va dirigido a los tres mayoritarios. Sin confiscación, se continúa cobrando una supuesta cuota para la inscripción de precandidaturas, una comportamiento inconstitucional, porque el numeral 1) del Artículo 22 de nuestra carta magna, al referirse a uno de los derechos ciudadanos, reza de la sucesivo forma: “Nominar y ser elegibles para los cargos que establece la presente Constitución”.

Es asegurar, los actuales dueños del PRM están cobrando peculio por un derecho ciudadano, a tal punto que los aspirantes a la Presidencia de la República tienen que fertilizar un millón de pesos.

El que entrega un millón por una inscripción de precandidatura es porque dispone de por lo menos cien, por lo que solo podrían aspirar funcionarios, empresarios y narcos encubiertos, cerrándole el paso a los dominicanos de clases media y desvaloración, otra violación constitucional, pues el Artículo 39 es muy claro respecto al “derecho de igualdad”.