Hasta mayo de este año, el Empleo de Patrimonio había evaluado 90 propuestas de proyectos que desean proceder bajo el régimen de incentivos de la Ley 12-21, de las cuales el Consejo de Coordinación de la Zona Particular de Expansión Fronterizo (CCDF) ha ratificado 84.

El circunstancia esta contenido en una nota enviada a los medios de comunicación que da a conocer información recopilada en el Documentación “Instructor de Frontera”, correspondiente a mayo y que realiza periódicamente el servicio.

En relación con las solicitudes de exención para acogerse a los beneficios de la Ley 12-21, que crea la Zona Particular de Expansión Integral Fronterizo, se destaca el incremento de nuevos proyectos, que ahora representan el 36.9% del total de solicitudes recibidas en mayo.

Esta publicación mensual, realizada por la Dirección de Políticas de Expansión de la Zona Fronteriza del Empleo de Patrimonio, Planificación y Expansión, explica que, de las empresas aprobadas, casi 9 de cada 10 se encuentran adentro de la parte ártico de la zona fronteriza, la maduro parte de estas en la provincia Monte Cristi (64.3%), seguida de Santiago Rodríguez (13.1%) y Dajabón (10.7%).

En cuanto a la actividad económica de los proyectos postulados bajo el nuevo régimen de la Ley 12-21, la maduro parte de estos se dedican a actividades agropecuarias (42.9 %), seguido por aquellos que se dedican a actividades manufactureras (34.5 %).

Respecto a la engendramiento de empleo, el documento señala que se prevé que bajo el nuevo régimen de incentivos se genere un total de empleos superior a los 13,500, por encima de la emblema de empleos para la antecedente Ley 28-01.

Vínculos con prioridades de incremento

El documentación “Instructor de la frontera” indica sobre la vinculación de los proyectos con las prioridades de incremento restringido que siete de cada 10 presentan actividades alineadas con los lineamientos definidos por los Consejos Provinciales de Expansión de cada departamento.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 12-21 y su reglamento de aplicación, las empresas beneficiarias están obligadas a formular un Plan de Compromiso Social (PCS), el cual indagación gestar un impacto positivo en las comunidades aledañas a la zona donde opera la empresa, idealmente adscrito con las principales deyección del departamento. La publicación detalla que el monto total destinado a los PCS por estos proyectos asciende a RD$ 953.2 millones, con un promedio de RD$ 11.3 millones por empresa.

Con el objetivo de aminorar los proyectos sin sector definido, estandarizar el proceso de formulación, suministrar el cumplimiento de las obligaciones sociales y maximizar el impacto territorial, el Empleo de Patrimonio, Planificación y Expansión (MEPyD) ha diseñado la Breviario de orientación para formular el Plan de Compromiso Social. A su vez, se desarrollan iniciativas complementarias para elogiar maduro extras a las empresas y reforzar la columna de los PCS con los diagnósticos y prioridades territoriales.