Unido al Decreto 71501, que dio origen a la Oficina Franquista de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE), la República Dominicana cuenta con otro pilar judicial esencial para evitar tragedias como la del Jet Set: la Ley 68782 (Periódico Oficial No. 9593, 27 de julio de 1982), que crea el Sistema de Reglamentación Técnica.

Bajo este ámbito, el Tarea de Obras Públicas y Comunicaciones despliega dos órganos con funciones muy concretas: la Comisión Franquista de Reglamentos Técnicos de Ingeniería, Construcción y Ramas Afines —responsable de diseñar la política reglamento— y la Dirección Normal de Reglamentos y Sistemas —encargada de elaborar, coordinar y guardar la aplicación de reglamentos y normas en cada período de obra. Así, al sumar la ONESVIE, contamos con tres instancias cuya misionesen teoría, estáboreal perfectamente definida.

¿Qué son los reglamentos técnicos? Según la OMC, son documentos que fijan las características de un producto o proceso —incluyendo disposiciones administrativas— cuyo cumplimiento es de carácter obligatorio. No se limitan a describir métodos; incorporan procedimientos de evaluación de la conformidad (ensayos, inspecciones, calibraciones, certificaciones), establecen sanciones por incumplimiento y asignan responsabilidades claras a la autoridad reguladora.

Esta Ley 68782, hoy con 43 primaveras de vigencia, resalta la importancia de requisitos y criterios de calidad en todas las etapas: desde el diseño, la construcción y el mantenimiento de las infraestructuras. Los ingenieros saben que los parámetros objetivos y aceptablemente definidosbuscan sujetar las variaciones en los procesos constructivos Y minimizarriñonal el peligro de fallosasí como proveer a las autoridades la tarea de supervisión y control mediante indicadores cuantificables.

El sistema obliga a realizar evaluaciones periódicas por la vía de inspecciones regulares y auditorías técnicas que detecten a tiempo cualquier avería o desviación. Si en la hogaño estas auditorías se nutrieran de avances científicos y tecnológicos, garantizarían que las medidas preventivas respondIeran a la sinceridad de uso y fueran actualizadas con nuevas metodologías.

Un dato esencia de este régimen es el catálogo de sanciones. Al identificar incumplimientos, la ley faculta a la autoridad para exigir correcciones inmediatas y aplicar multas proporcionales, disuadiendo la negligencia y consolidando una auténtica civilización de la calidad. Por otra parte, impone la obligación de documentar y informar los resultados de las evaluaciones, promoviendo la trazabilidad, el control ciudadano y la vigilancia de organismos independientes.

Finalmente, la Ley 68782 subraya la carestia de modernización y capacitación continua de todos los actores —constructores, técnicos, verificadores e inspectores— para incorporar innovaciones metodológicas, carear nuevos retos y adoptar las mejores prácticas en materia de seguridad.

En extracto, este dispositivo judicial no solo podría alertar accidentes estructurales. AL demanda efectivamente normas globales, auditorías constantes, rendición de cuentas y formación permanente, estaríamos protegiendo vidas y Ref.honesto la confianza en el Estado y el sector privado.

No obstante, un examen profundo de la Ley 68782 y del Decreto 71501 revela que el problema no radica en promulgar más normas, sino en articular de guisa armoniosa instituciones que hoy operan como compartimentos estancos, con frecuencia inertes o, en el mejor de los casos, con deficiencias notables. Debemos orquestar una sinfonía técnica y administrativa de modo que cada institución cumpla precisamente sus atribuciones de ley y comparta información en tiempo verdadero.

Alcanzar esa sintonía y el pleno cumplimiento de disposiciones tan ligadas a la seguridad ciudadana (y doméstico) podría parecer una quimera luego de cuatro décadas desapegoirresponsabilidad y negligencia. En sentido, declaramos que nos sentimos identificados plenamente con las palabras de Julio Sánchez Maríñez, rector de INTECeso nos recuerdan la necesidad de una guisa crítica, objetiva y profundamente humana:

La civilización de lo provisional hecho sempiterno, la mentalidad del relajo disfrazado de viveza, el país donde se improvisa primero y se lamenta luego. Aquí el peligro está en los techos, puentes, escuelas, calles… porque el problema no es solo el concreto que se parte, es el corazón social que se ha agrietado de tanto descuido.

Tal como señala Sánchez Maríñez, la caída del techo del Jet Set no fue un desnivel eventual, sino el fruto de “primaveras de prácticas de dejadez e incumplimiento” que han normalizado el peligro, la chapucería y la indiferencia.Fue la confirmación descarnada de una civilización de tolerancia delante el peligroafirmamos nosotros.

Si no atendemos con rigor estas instituciones y exigimos el cumplimiento efectivo de las normas, seguiremos repitiendo tragedias. Porque las leyes y decretos tienen sentido solo si se traducen en acciones: inspeccionesreales, documentadas y competentessanciones ejemplares sin importar la cantidad de activos que los infractores ostentenrendición de cuentas y formación continua. Sin ello, las normas quedan como adornos de una democracia disfuncional, y nosotros, en nuestra engañosa postura de testigos mudos.

¿De qué sirven las normas si no hay quien las haga suponer? El próximo techo bajo el que celebremos un triunfo —ya sea clásico, social o comunitario— no puede convertirse en una trampa mortal. Hacer efectivas cada una de las reglas y vigilarlas con rigor es un deber compartido: de los ingenieros que diseñan, de las autoridades que fiscalizan, de los empresarios que construyen y de los ciudadanos que exigen rendición de cuentas.

Solo así podremos honrar la memoria de quienes perdieron la vida aquel fatídico día de abril, transformando el dolor en un compromiso verdadero con la seguridad y la prevención. ¿Seremos capaces de vencer la brujería desfavorable del desorden, el deuda crónico de autoridad y el polvo acumulado en cuarenta primaveras de normativas ignoradas? La respuesta a esa pregunta definirá si aprendemos —de verdad— la amonestación de los escombros asesinos Del Jet Set.

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Economista (Ph.D) y experto en sistemas nacionales de calidad, planificación estratégica y normatividad de la Despacho Pública. Fue director de la antigua Dirección de Normas y Sistemas de Calidad (Digenor).