
Un nuevo vuelta ha tomado el caso de Paula Santana Escalante, la muchacho de 23 abriles hallada muerta en febrero de 2024 en una alcantarilla de la empresa Oscor CaribeLLC, en la Zona Franca Las Américas.
Tras la reapertura de las investigacionesun nuevo sospechoso fue arrestado, declaró el abogado de la clan de la víctima, Pedro duarte Canaán.
“Se alcahuetería de un muchacho de unos 28 abriles que incluso laboraba en la empresa donde ocurrió el crimen“, indicó Duarte Canaánquien representa a la clan desde hace ocho meses. “No es uno de los dos hombres que fueron liberados tras el archivo del expediente en 2024, es una nueva persona”.
El abogado detalló que la aprehensión se produjo tras una serie de diligencias impulsadas por un equipo renovado de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en coordinación con el Área de Homicidios y el apoyo del Área de Investigación de Crímenes y Delitos de Adhesión Tecnología (Dicat), que ha profundizado en el descomposición de los videos de las cámaras de seguridad.
“Pruebas contundentes”
“Las nuevas pruebas son contundentes. Hay fundamentos técnicos y forenses que respaldan esta detenciónaunque por el momento no puedo revelar detalles”, declaró Duarte Canaán.
Sobre el cambio de rumbo en la investigaciónel abogado criticó que inicialmente las autoridades “iban dirigidas cerca de otro banda”, lo que permitió que el nuevo detenido permaneciera por más de un año en independencia. “Nosotros denunciamos desde el primer momento irregularidades y finalmente se está retomando el camino correcto“, afirmó.
El caso de Paula Santana conmocionó al país no solo por las circunstancias violentas de su asesinato, violación y estrangulamiento, según los informes periciales, sino por las omisiones que salieron a la luz. La empresa Oscor CaribeLLC (Interger Holding) fue sancionada por el Servicio de Trabajo por “faltas graves y muy graves en seguridad y vigor”, y se prohibió el uso de la nave industrial donde se halló el cuerpo.
- Duarte Canaán reconoció el interés mostrado por las máximas autoridades del país, incluyendo al director de la Policía Doméstico y al coronel de Santo Domingo Este, encargado de las investigaciones.