
Y eso es exactamente lo que parece esconderse detrás del nuevo plan de ley que pesquisa advertir y sancionar el discurso de odio en la República Dominicana.
El congresista que lo promueve que dicho sea de paso es mi amigo, lo ha defendido con argumentos que, en el papel, parecen irrefutables:
Proteger a las minorías. Avisar la discriminación. Alinear al país con los estándares internacionales. Promover la convivencia y el respeto.
Todo eso suena correctamente.
Lo que no suena tan correctamente es cómo pretende hacerlo. Entre lo que se dice… y lo que efectivamente dice el plan, Cholitin afirma que la ley no pesquisa cercar las críticas ni el debate probado.
Pero el texto tipifica como delito cualquier expresión “directa o indirecta” que pueda interpretarse como incitación al odio, la hostilidad o la discriminación.
¿Y quién define eso?
El Servicio Divulgado, mediante una nueva mecanismo especializada, con poder para investigar y perseguir sin controles judiciales claros.
Por otra parte, la ley contempla sanciones que van desde multas y prisión, hasta la prohibición de usar redes sociales o plataformas digitales por hasta tres primaveras.
¿De verdad alguno cree que eso es proporcional o viable en el siglo XXI?
El problema no es la intención, es el texto. No se manejo de desmentir que existe un problema existente con el odio en redes, Google para no ir más remotamente tuvo que retirar una IA porque lo que aprendió de las redes fue precisamente eso : Odio, una empleada de Meta testificó frente a el congreso norteamericano que esta empresa sabe lo que sucede en el ecosistema digital y que incluso lo promueve, porque es rentable.
Todos hemos conocido cómo la violencia digital destruye reputaciones, polariza sociedades y enciende fuegos que terminan en agresiones reales.
Nadie puede defender eso.
Pero siquiera se puede defender una ley que, bajo el pretexto de combatir el odio, termine limitando la crítica, criminalizando el disenso o persiguiendo opiniones incómodas.
Porque si la ley se queda como está:
Podría castigar al que denuncia corrupción. Podría silenciar al que critica políticas públicas. Podría cerrar medios digitales por “incitar indirectamente” a la hostilidad.
El gran falto: el mundo digital
Lo más preocupante es que el sector más afectado, el digital, ni siquiera fue convocado al debate una vez más ningún representante de medios digitales, creadores de contenido, plataformas o periodistas independientes participó en la elaboración del plan, sin confiscación, somos los primeros en la relación de sancionables.
¿Cómo se puede murmurar de inmovilidad cuando el ecosistema más dinámico y diverso del debate divulgado está falto en la construcción de la ley que pretende regularlo?
¿Necesitamos una ley? Sí. Pero no esta. No así.
No se manejo de cerrar los fanales frente a el odio. No se manejo de permitir que cualquiera destruya la honra de otro sin consecuencia. Pero siquiera se manejo de escribir una ley que sirva como aparejo para silenciar lo que no se puede controlar.
Necesitamos una fuero:
Clara y precisa. Construida con todos los sectores. Equilibrada entre licencia y responsabilidad. Con sanciones proporcionales y procedimientos garantistas.
Todo lo demás… es censura disfrazada de buena intención.
@Abrilpenaabreu