
El Gobierno haitiano rechazó de plano la sugerencia de la Estructura de Estados Americanos (OEA) de dialogar con los pandilleros un suspensión al fuego para certificar la gobernabilidad y la seguridad en la nación.
Sin estar en la más ventajosa de las posiciones no es la primera ocasión en que las autoridades del vecino país rechazan la posibilidad de un entrevista con los jefes de las pandillas para restaurar la paz en el zona.
Lo ideal sería que los pandilleros respondan por sus crímenes en presencia de la honradez, pero la sinceridad es que Haití se ha convertido en un caos que carece de tribunales y servicios.
Ya en otras ocasiones los cabecillas de las bandas han buscado una negociación con el Gobierno, pero la frustración no les ha dejado más camino que el de la violencia.
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Si estuvieran en desventaja podría entenderse la renuencia de las autoridades de dialogar con ellos, pero resulta que son quienes controlan la anciano parte del zona.
Es un trago amargo efectuar algún tipo de concesión a criminales que han fomentado la violencia y el terror, pero peor sería perder la batalla a cambio de mínimo.
Siquiera ha de perderse de tino interiormente del complicado sistema que por la misma Crisis haitiana las bandas han crecido numéricamente.
La sugerencia de la OEA, antiguamente que rechazarse de plano, merece ser proporcionadamente analizada toda vez que el diálogo con los criminales para detener la violencia y certificar la seguridad y gobernabilidad luce más conveniente que la lucha que se libra en la presente.