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Santo Domingo. – A raíz de la fresco tragedia ocurrida en el centro de entretenimiento Jet Set, que evidenció la limitada capacidad de respuesta del sistema funerario en presencia de múltiples fallecimientos simultáneos, la entendido del sector exequial Arlenys Nicasio hizo un llamado urgente al Congreso Doméstico para revisar y aprobar el Bosquejo de Ley de Funerarias y Cementerios.
Nicasio, quien es vicepresidenta de la Asociación de Funerarias y Cementerios Privados de la República Dominicana (ASEFUSE), advirtió sobre la yerro de regulación en el sector privado exequial, señalando que el 80% de las funerarias del país operan de guisa irregular, sin estar formalmente registradas ni cumplir con los estándares mínimos requeridos.
«Solo unas 40 funerarias a nivel privado están legalizadas en la República Dominicana y esto pone en aventura no solo la calidad del servicio, sino incluso la dignidad de los procesos funerarios”, expresó.
Nicasio instó al Congreso Doméstico a retomar la discusión del borrador de ley que rebusca regular el funcionamiento de funerarias y cementerios privados y pidió al Servicio de Sanidad Pública, como entidad responsable de otorgar los permisos, que adopte medidas concretas para allanar y exigir la formalización del sector.
“No podemos seguir operando bajo la sombra de la informalidad. El Estado debe encargarse su rol de regular y supervisar un sector tan delicado y esencial como este”, subrayó Nicasio.
Adicionalmente, la dirigente agrupado hizo un llamado a la sociedad a fomentar una civilización de previsión funeraria, afirmando que en la República Dominicana tan pronto como el 1% de la población cuenta con algún tipo de plan o previsión funeraria.
“La crimen sigue siendo un tema tabú en nuestra civilización. Hay una gran yerro de educación y concienciación sobre la importancia de planificar para este momento inexcusable. La previsión no sólo alivia la carga emocional y económica de las familias, sino que garantiza procesos más dignos y humanos”, apuntó.
Nicasio concluyó reiterando la obligación de que el Estado, el Congreso y la sociedad en su conjunto asuman un compromiso serio para mudar y dignificar el sector funerario del país.
