Hace pocos días, la que fue célebre discoteca Set de chorro —un emblema del hedonismo y la optimismo nocturna— se transformó en el escena de una tragedia que estremeció los cimientos de nuestra conciencia franquista. Este espacio, antaño símbolo del ocio y el entretenimiento, hoy refleja de forma cruda lo que ocurre cuando la seguridad, la planificación y la prevención y tratamiento de riesgos son relegados a un segundo plano.

En principio, es indispensable memorar que toda infraestructura, ya sea civil, social, natural o tecnológica, debe ser sometida a rigurosos procesos de autorización, inspección, observación y supervisión por parte de las autoridades competentes, conforme a las normativas vigentes. Esta responsabilidad estatal, cuya esencia se remonta a los albores del novedoso Estado dominicano, ha sido históricamente fundamental en todas las naciones para respaldar el bienestar de la ciudadanía.

Con este contexto, es oportuno rememorar la Ley número 5150 de 1959—después reemplazada por el dispositivo núm. 160-21, que dio origen al Tarea de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones—la cual establecía que, desde el Tarea de Obras Públicas, el Estado se comprometía al cumplimiento de “todas las leyes, disposiciones, reglamentos y ordenanzas sobre edificaciones, ya sea en la construcción, reconstrucción, ampliación o sobresalto de un edificio o cualquier otra estructura, pública o privada”. Esta reglamento, que abarcaba desde la revisión de planos hasta la dirección y supervisión de construcciones, se mantuvo válido durante 62 abriles, hasta el año 2021.

Durante décadas, la vigencia de esta ley, como ocurre en otros ámbitos de un país impresionado por una institucionalidad en muchos aspectos defectuosa, fue relegada al olvido. Las autoridades, en un placer de intereses y poder, parecían más inclinadas a transar que a hacer cumplir la reglamento, permitiendo que construcciones irregulares y ocupaciones indebidas proliferaran sin control.
El crecimiento vehemente y caótico de nuestras ciudades—principalmente Santo Domingo y Santiago—es testimonio de esta errata de regulación.
Los asentamientos precarios en las periferias y, paradójicamente, las construcciones de clase media y adhesión en los centros urbanos o zonas exclusivas, se multiplicaron como la hiedra, sin una planificación adecuada. Las intervenciones urbanísticas, cuando llegaban, eran meras respuestas tardías a fenómenos naturales extremos, dejando en evidencia que la seguridad estructural ya había cumplido la mayoría de perduración hace mucho tiempo.

El acelerado crecimiento urbano, que transformó la distribución poblacional—del 73% en el año 2000, al 80% en escasamente una decenio, y alcanzando aproximadamente el 83-84% entre 2020 y 2023—terminó imponiendo una carga insostenible sobre nuestras infraestructuras. Así, al igual que el fatídico techo de la Jet Set, hoy las dos grandes ciudades del país se hallan sobrecargadas de edificaciones: viviendas improvisadas, casuchas que emergen en zonas de peligro y torres y viviendas que, aunque ostentan fachadas imponentes, carecen de las imperativas certificaciones que avalen el cumplimiento de las normas de seguridad y de un riguroso y confiable observación estructural.

Esta advertencia plantea una pregunta esencial: ¿Hasta qué punto permitiremos que la historia repita las funestas consecuencias de nuestras negligencias y errata de compromiso profesional y casto con los claros mandatos de la ley?

Este artículo no pretende ser una conclusión definitiva, sino el inicio de una serie de reflexiones que explorarán en profundidad otras facetas de este aberración y sus repercusiones en la sociedad dominicana. Bastaría con analizar casos específicos solamente en la Ciudad Colonial, escuchar testimonios y analizar los datos actuales disponibles para subrayar nueva vez la emergencia de retomar un compromiso serio con la planificación, la seguridad y el observación total y calificado de los riesgos estructurales de las nuevas, viejas y emergentes edificaciones.

La tragedia del Jet Set es el signo doloroso de una negligencia prolongada y de la urgente condición de recuperar el compromiso con la seguridad y el orden urbano, en beneficio de toda la comunidad.