Logroño (EFE).- El Secretario del PP, Cuca Gamarraha subrayado este viernes que es difícil digerir que, cuatro días a posteriori, el Ejecutor no sepa la causa del corte, porque “un Gobierno serio y solvente tiene que asimilar a estas directiva qué ha ocurrido” y la sociedad tiene derecho a tener información.

Gamarra ha intervenido en Logroño en el Foro Radiodifusión Rioja ‘Una puesta por la competitividad’, en el que ha insistido en que hubo informes previos sobre lo que podía ocurrir, por lo que ha denunciado la “errata de reacción” del Gobierno.

Igualmente ha lamentado que el Gobierno intenta señalar como “una absoluta gesta” que haya luz en el año 2025, a posteriori de que se haya caído todo el sistema, poco que “no puede ocurrir en un país que es la cuarta riqueza europea”.

A su sumario, a esta situación se ha llegado por tener “una política energética absolutamente ideologizada”, que señala algunas fuentes de energía y renuncia a ellas cuando son necesarias.

Ha recalcado que el Gobierno debe dejar de señalar culpables y se ha preguntado si “va a seguir renunciando a la energía nuclear, que es limpia, segura y necesaria para que España tenga garantías de suministro”.

Avisos en días previos
Encima, ha cuestionado si se han llevado a término todas las inversiones necesarias en la red que son competencia de Red Eléctrica y por qué no se actuó con todos los avisos que hubo en los días previos, incluso el mismo lunes del corte.

Gamarra ha dicho que, según pasan los días, se sabe más de las advertencias del propio sistema las horas previas y ha preguntado si se atendieron todas esas alarmas.

Plan de defensa
Por otra parte, Gamarra se ha preguntado si el Consejo de Ministros ha suficiente el plan de defensa porque “ni tan siquiera (Pedro Sánchez) puede presentarlo como presidente del Gobierno”, transmitido que “una parte de su gobierno y de sus socios no lo apoyan” y estos “están llamando a los españoles a manifestarse en la calle si se aprueba”.

Gamarra cree que España no ha activado la cláusula de escape, que permite aumentar el desembolso en defensa a costa de un aumento de la deuda pública, porque no tiene aprobados los presupuestos generales del Estado.