Por Jon Subin

La contemporánea democracia panameña nació fuertemente condicionada por la invasión norteamericana de finales de los 80. En los abriles 90 se diseñó un nuevo orden social que pivoteó en la reversión del Canal y fue impulsada por las obras de ampliación de la ruta interoceánica. Tras 35 abriles, este orden se ha gastado amenazado por el desafío trumpista de apropiarse del Canal, poniendo fin así a décadas de cooperación interrumpidas entre el gobierno norteamericano y el panameño. La nueva razonamiento de Trump abandona el potencia suave y recupera las peores lógicas de dominación del pasado.

La invasión norteamericana «Operación Causa Certamen» (Operation Just Cause) derrocó al régimen de Noriega en 1989 y en 1990 forzó el reemplazo de la regencia marcial por un gobierno civilista que contaba con el apoyo de la Casa Blanca. Diez abriles luego de la institucionalización democrática se produjo la reversión del Canal y en 2006, por medio de un referéndum, se aprobaron las obras de ampliación, comenzando así un ciclo de crecimiento que transformaría el país y le haría fiador del seudónimo “Singapur hispanoamericano”.

La democracia panameña tiene buenos resultados a nivel regional según índices como el de Freedom House, Democracy Index o El Índice de Progreso Demócrata de la Fundación Konrad Adenauer, gracias, en parte, a un sistema de relevo entre las dos grandes formaciones políticas (PRD y Partido Panameñistas). Esta relevo llegó a su fin con la irrupción del liderazgo de Ricardo Martinelli.

A partir de 2019, el maniquí de crecimiento del “Singapur de las Américas” empezó a exhibir cierto agotamiento, afectado por la desaceleración de la caudal, hasta que en 2020 se produjo el gran descalabro financiero con un retroceso del 17,9% del PIB causado por la pandemia. Tras el descalabro se quebraron algunos equilibrios que se habían ido formando durante las décadas precedentes y se dieron las mayores protestas de la historia democrática: una en 2022 por la subida de precios causada por la hostilidades de Ucrania, y otra en 2023 por un anuencia minero.

Este sistema político y financiero venía lastrado por dos falencias estructurales. Una adhesión desigualdad que es persistente, siguiendo la terminología de Charles Tilly, como se puede observar en los registros históricos del World Income Inequality Database, y por una adhesión percepción de la corrupción, percibidas por las encuestas de opinión. En este sentido, resuenan las palabras del magistrado del Tribunal de Cuentas, Alberto Cigarruista, que llegó a afirmar en 2022 durante una intervención en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea que “en este país robamos todos”.

Desde las elecciones de 2024, el nuevo gobierno ha tenido que hacer frente a cuatro grandes retos en una nueva geopolítica latinoamericana caracterizada por la acogida del potencia dura por parte de EE. UU como forma de relación con el resto de las naciones.

En esencia interna, el gobierno panameño se ha gastado obligado a restaurar el sistema de pensiones porque uno de los dos subsistemas se había quedado sin cotizantes, lo que generó un moribundo deficit financiero. Esta reforma, sin confiscación, no ha estado exenta de polémica y le ha costado al país una huelga caudillo. Igualmente en esencia interna, el presidente Mulino tiene que resolver que hacer con “el elefante en la habitación”, el ex presidente Ricardo Martinelli, quien encabezaba el partido hasta que fue inhabilitado tras el inicio de la campaña electoral por un caso de corrupción (siendo sustituido por el coetáneo presidente). Recientemente Martinelli ha recibido el inclusa colombiano y es difícil calibrar la influencia que ejercerá desde el país vecino.

El tercer combate del gobierno panameño es la situación de la mina de Donoso, paralizada tras una sentencia de inconstitucionalidad. En diciembre de 2024 First Quantum se reunió con el presidente Trump para inquirir una mediación, y en la presente la empresa minera ha paralizado los arbitrajes internacionales para brindar una nueva escalón de diálogo. En presencia de la frágil situación de las cuentas públicas, es evidente la tentación del Gobierno de reabrir la mina, pero el Presidente se enfrenta a una cachas competición ya que según las encuestas de 2025 más del 60% de la población es contraria a su reapertura. Esta será esencia para prolongar la estabilidad política del país.

El zaguero gran desafío del Gobierno son las constantes amenazas de Trump. Desde el discurso de toma de posesión, el presidente norteamericano ha expresado su intención de retomar el canal bajo la recriminación de que la ruta interoceánica está controlada por China, poco que fácilmente se puede contrastar. Sin confiscación, las amenazas surtieron finalidad y el Gobierno panameño desgobierno rápidamente pactos comerciales con China como el Pacto de la Seda o la terciarización en paraje panameño de las personas deportadas de Estados Unidos, ayer de impresionar al país de destino.

Recientemente el gobierno panameño ha firmado un polémico Memorándum con las autoridades norteamericanas que según algunas críticas permite a Estados Unidos instalar tres bases militares, aumentar la presencia marcial en la zona canalera y consentir el paso gratis de embarcaciones norteamericanas por el Canal de Panamá, todo ello contrario a los tratados de neutralidad. La organización del Gobierno, sin confiscación, no está siendo efectiva ya que las amenazas del presidente Trump no cesan.

En este contexto, es necesario retornar al multilateralismo y a la rectitud internacional. El Canal de Panamá juega un papel crucial en el comercio y la provisión internacional, un comercio en el que más del 80% de la carga transita por vía marítima. En Panamá se está jugando una partida importante para el desempeño del orden financiero mundial y el resto de las naciones no lo debería obviar.

Investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, AIP (Panamá). Doctor en Sociología y Antropología por la Universidad Complutense de Madrid. Experimentado en estudios de opinión pública.