Santiago.- En atención a la solicitud del Ocupación Conocidouna jueza impuso una señal económica, presentación periódica e impedimento de salida del país a Pedro Luciano Cruz Martínez e Ygnacio Leocadio Espinal Martínez, imputados por traficar migrantes irregulares, incluyendo a una mujer que falleció producto de las quemaduras que recibió al colisionar el transporte en el que el orden eran transportado.

Los imputados, oriundos de Dajabón, conducían la yipeta marca Ford, maniquí Explorer, color mediocre, en el que traficaban con 15 personas de procedencia haitiana y que estrellaron contra una albarrada en su intento por escapar de miembros del ejército. Los extranjeros sufrieron quemaduras de primer, segundo y tercer escalón en distintas partes del cuerpo.

Los hechos tuvieron ocasión en marzo de este año en la calle Principal, del sector Capilla,  en el municipio Villa Bisonó (Navarrete), desde donde huyeron los traficantes luego de desoír el llamado de los miembros del ejército que vigilan la zona.

Al colisionar el transporte, los traficantes huyeron dejando abandonados a los 15 indocumentados, siete de los cuales sufrieron graves lesiones por quemaduras producidas cuando una de las mangueras de conducción del gas licuado de petróleo (GLP) que sirve de combustible al transporte, se desprendió con el impacto.

Los miembros del ejército llamaron de inmediato al Sistema de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, que envió sus ambulancias para prestar atención médica a las personas heridas.

A principios del mes de abril la víctima de tráfico Judithe Nicolas, de 31 abriles de etapa, falleció como consecuencia de las quemaduras de tercer escalón que sufrió en distintas partes del cuerpo y que afectaron sus órganos vitales.

Los indocumentados que no sufrieron lesiones fueron remitidos a la Dirección Caudillo de Migración (DGM)para los fines de deportación a su país de origen.

El fiscal investigador y director del Área de Tráfico y Tráfico de Personas de la Fiscalía de SantiagoJuan Osvaldo García, cursando minuciosamente la ruta del transporte utilizado, hurgó en las referencias de registro, y traspasos del transporte, y logró establecer la identidad de quienes lo rentaron y utilizaron para la comisión del delito.

La Fiscalía, representada en audiencia por el litigante Elvin Ventura, pudo constatar y mostró evidencias de que los imputados poseen referencias en tanto que se desempeñan en estas labores delictivas en su provincia originario, Dajabón.

La medida impuesta por el tribunal, presidido por la jueza Yiberty Polanco, de la Oficina Sumarial de Servicios de Atención Permanente de Santiagoconsiste en el cuota de una señal económica de $500 mil pesos, por medio de una compañía aseguradora, impedimento de salida del país y presentación periódica frente a la autoridad competente.

La Fiscalía de Santiago reiteró su firme atrevimiento de perseguir el tráfico ilícito de personas como un delito que lacera sensiblemente los derechos humanos, y que, encima, atenta contra la soberanía doméstico.

El Ocupación Conocido presentó contra los imputados cargos provisionales por violación a los artículos 1, Giro F, G y H; artículos 2 y 7, párrafo A, C, D y G, de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Tráfico de Personas.