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El Pregonero, Santo Domingo. – Con la finalidad de desavenir la creciente problemática del robo de hato, el asesor agropecuario del Poder Ejecutor, Eric Rivero, encabezó una reunión regional anejo a representantes de la Policía Franquista, la Procuraduría Común de la República y diferentes asociaciones de ganaderos, principalmente de la zona Este del país.
Durante la reunión, Rivero recordó la existencia de la Ley número 61-23, que sanciona el delito de abigeato o robo de hato, y reafirmó su compromiso de continuar luchando para aportar soluciones efectivas a una problemática que no solo representa pérdidas económicas, sino incluso una amenaza para la esperanza y el modo de vida de cientos de familias que tienen en la rebaño su sustento.
La actividad ganadera constituye un pilar importante de la patrimonio doméstico.
Al referirse a los esfuerzos de las autoridades para que se aplique la ley, el asesor citó: “Hay un interés porque la jurisprudencia trabaje de forma diversa, y nosotros, que somos los afectados, tenemos que ser parte de esto. Debemos poner el esfuerzo no solo en recuperar, sino incluso en colaborar hasta que se pueda arrostrar a la jurisprudencia a esas personas”.
En la reunión participaron, en representación de la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía Franquista (DICRIM), el coronel Risueño Tomás Aquino, comandante de la Mecanismo Anticuatrerismo, así como el señor Héctor García, representante de la Procuraduría Común de la República. Uno y otro reiteraron su compromiso con la jurisprudencia y con avalar la seguridad de los propietarios de hato.
Mientras, los ganaderos hicieron un llamado enérgico a las autoridades para que actúen con viejo contundencia frente al robo de hato, situación que describieron como “desesperante”, ya que, aunque en muchos casos se logra el arresto de los responsables, estos son liberados a los pocos días.
Por otra parte, solicitaron viejo vigilancia en los puestos estratégicos de las carreteras, señalando que muchas veces los animales son transportados. Recomendaron aplicar sanciones a quienes compran carne o animales robados.
En representación del sector pecuario, adicionalmente de Rivero, estuvieron presentes los subdirectores de Vacada, Luis Sánchez Falete y Milton Núñez.
La Ley 61-23, aprobada en 2023, fue creada con el propósito de castigar el delito de abigeato en la República Dominicana. Esta reglamento establece penas de prisión que van de dos a diez abriles, dependiendo de la peligro del delito.
