Al conmemorarse este 9 de mayo el vigésimo cuarto aniversario de la promulgación de la Ley 87-01, que dio origen al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), el partido Fuerza del Pueblo hizo pública su postura mediante un manifiesto conocedor por Fernando Caamaño, secretario de Seguridad Social de la ordenamiento. En el documento, la entidad política destacó avances significativos del sistema, pero asimismo denunció serias distorsiones, retrocesos institucionales y politización de los medios públicos.

Caamaño definió la Seguridad Social como una de las conquistas más nobles del país y la catalogó como un compromiso “propio con la sociedad, con su concurrencia y, sobre todo, con los más vulnerables”. En ese sentido, reiteró que la Fuerza del Pueblo concibe este sistema como un pilar fundamental del bienestar colectivo, que debe hacer como “escudo de protección social” y como “puente entre generaciones”.

No obstante, el dirigente asimismo advirtió que el sistema flagrante muestra importantes “luces y sombras”. Entre los logros señaló la ampliación de la cobertura poblacional y la consolidación institucional, pero lamentó que “el derecho social y colectivo ha sido subordinado, en muchos casos, a intereses políticos, comerciales y gremiales”.

En un tono crítico, el manifiesto denuncia que el Seguro Doméstico de Vigor (SeNaSa) ha sido “instrumentalizado con fines proselitistas” y que ha claudicado frente a presiones del Gobierno para incluir, de forma irregular, grupos poblacionales que no califican para el Régimen Subsidiado, afectando así los medios destinados a los más pobres.

Asimismo, se cuestiona el uso indebido de los fondos acumulados en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), los cuales, según Fuerza del Pueblo, han servido para cubrir déficits presupuestarios del Gobierno central y micción de solvencia del sistema bancario, sin respaldar pensiones dignas a futuro. Caamaño enfatizó que esta situación “no es resultado de fallas en el diseño del sistema, sino de las graves omisiones del Estado dominicano y de la irresponsabilidad del Poder Ejecutor”.

Frente a este panorama, el documento propone un nuevo pacto social orientado a redirigir el sistema de Seguridad Social con destino a un maniquí más ético, inclusivo y sostenible. Este pacto incluye:

• Reorientar el financiamiento con destino a un esquema más solidario e intergeneracional.

• Respaldar pensiones dignas con tasas de reemplazo alineadas con los estándares de la OIT.

• Blindar la cobertura del Seguro Normal de Vigor (SFS) y eliminar barreras de comunicación y copagos excesivos.

• Promover la transparencia y la rendición de cuentas en todas las instituciones del sistema.

Uno de los señalamientos más graves realizados por Caamaño fue la utilización irregular de fondos del Instituto Dominicano de Prevención y Promoción de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) durante los abriles 2019 y 2020, los cuales habrían sido desviados para cubrir déficits del gobierno sin que el Consejo Doméstico de Seguridad Social (CNSS) haya tomado medidas legales o solicitado la restitución de los medios.

Asimismo, la ordenamiento denuncia el incumplimiento del compromiso de modernizar la Ley 87-01, un proceso que, pese a múltiples anuncios por parte del gobierno flagrante, no ha sido cumplido. “Esto representa una violación directa al mandato del Poder Asamblea”, advirtió el secretario.

En su manifiesto, Fuerza del Pueblo reitera su compromiso de rehacer integralmente el sistema a partir del año 2028, “para que esté verdaderamente al servicio de la concurrencia”. Proponen que el presidente del CNSS forme parte del Junta Crematístico, con voz en la elaboración del Presupuesto Caudillo de la Nación, y que la gobernanza del sistema sea fortalecida desde el Poder Ejecutor.

“La seguridad social debe ser del pueblo, para el pueblo y con el pueblo: financiada por todos, gobernada para todos y al servicio de todos”, enfatizó Caamaño.

El secretario de Seguridad Social de Fuerza del Pueblo hizo un llamado a la consejo doméstico, destacando que el SDSS debe convertirse en una causa global frente al contexto flagrante de pobreza, inseguridad y ascenso del costo de vida. “Hoy más que nunca, el sistema debe ser un refugio cierto, una verdadera aval de protección social”, concluyó.