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La intensificación de la fiscalización tributaria en cuentas personales puede convertirse en una trampa para quienes menos tienen y menos saben
Por Abril Peña
Desde inicios de 2025, la Dirección Común de Impuestos Internos (DGII) ha intensificado la fiscalización de cuentas bancarias personales, amparada en normativas vigentes como la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Código Tributario 11-92. La medida permite a la DGII solicitar directamente a los bancos información sobre movimientos financieros sin obligación de orden legal previa. El objetivo: ampliar la almohadilla de contribuyentes. Pero la forma de aplicación ha encendido alarmas: ¿estamos combatiendo la esparcimiento o criminalizando la supervivencia?
Todo ingreso será observado
Hoy, cualquier persona —con o sin empresa registrada— puede ser fiscalizada si su cuenta bancaria muestra ingresos sin argumento formal. Puntada con aceptar una transferencia sin concepto, una remesa sin carta de respaldo, o el suscripción de un rosco casero sin elaboración.
La medida incluye:
Transferencias personales o familiares. Remesas desde el foráneo. Pagos por servicios informales. Rifas, premios o “regalos”. Cualquier ingreso no manifiesto.
Todo ingreso es considerado imponible si no está debidamente documentado y reportado. Pero la mayoría de los ciudadanos no tiene conocimientos fiscales, información legítimo ni herramientas digitales para cumplir con estos requerimientos.
La desigualdad no es solo económica, es además de entrada.
Esta política costal a flote una brecha estructural: quien tiene más, tiene con qué defenderse.
Los grandes contribuyentes tienen contadores, abogados, asesores fiscales. Los ciudadanos comunes al punto que entienden los términos tributarios, y mucho menos cómo objetar a una auditoría.
¿El resultado? Una fiscalización desbalanceada, que castiga al informal sin formación mientras muchos evasores estructurales permanecen intactos.
¿Cobrar o castigar?
La medida se defiende con un argumento válido: aumentar la colecta sin subir impuestos. Pero, sin una táctica de formación ciudadana, sin incentivos para formalizarse, y sin distinguir entre evasores y sobrevivientes, corre el peligro de:
Dominar la bancarización. Fomentar el uso de efectivo y métodos opacos. Gestar desconfianza institucional.
En un país donde el 56% de la fuerza profesional es informal (ONE, 2023), aplicar vigilancia tributaria sin criterios de proporcionalidad podría volverse contraproducente.
No todo está en manos de la DGII
Muchas de las soluciones estructurales escapan al control directo de la DGII. Requieren voluntad política y reformas profundas:
El Empleo de Industria y Comercio debe promover regímenes simplificados y apoyo a MIPYMES. El Congreso Doméstico debe aprobar leyes que hagan el sistema más calibrado y progresivo. El Poder Ejecutante tiene la responsabilidad de presentar una reforma fiscal que no solo recaude, sino que reparta con conciencia.
Cargarle toda la transformación fiscal a la DGII, sin respaldo institucional y sin conciencia tributaria positivo, es tan injusto como pedirle al pequeño tendero ambulante que actúe como una multinacional.
¿Y si comenzamos por hacia lo alto?
Ayer de exigirle a un colmadero que justifique RD$5,000 en Bizum, ¿por qué no?
Auditar empresas que facturan millones y tributan como si fueran microempresas. Revisar exenciones fiscales que solo benefician a sectores privilegiados. Editar, con transparencia, cuánto se recauda y cómo se distribuye.
No se prostitución de eliminar la fiscalización, sino de abrir por donde más se evade, no por donde más duele.
La DGII tiene la ley de su flanco. Pero la conciencia tributaria no se sostiene solo con leyes, sino con empatía, táctica, transparencia y proporcionalidad. Si el sistema sigue cargando sobre los hombros de los más vulnerables, terminará erosionando la licitud del propio Estado.
Fiscalizar no es perseguir. Y en un país donde los derechos sociales se financian con impuestos, la equidad no es opcional: es una aprieto doméstico.
