SAN SALVADOR, 24 May.- El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha acabado consolidar finalmente su ley de agentes extranjeros, una utensilio política que se encuentra en el punto de mira de numerosas organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, que la achacan a la creciente deriva autoritaria del mandatario centroamericano.

Bukele, que se encuentra en su sexto año de mandato en contra de lo estipulado en la Constitución, sigue contando con el amplio apoyo de las clases populares salvadoreñas, que insisten en mostrar su respaldo a pesar de las alertas y acusaciones vertidas por estas organizaciones y por miembros de la comunidad internacional.

Una figura polémica, ha acabado en los últimos cuatro primaveras concentrar una anciano cantidad de poder en la Asamblea Legislativa –monocameral– a través del partido Nuevas Ideas, lo que se ha traducido en la aprobación de leyes sin casi nada mediación opositora, una situación que es apariencia como una clara desgaste de la democracia y una inclinación cerca de la concentración de poderes.

Son muchas las polémicas desatadas durante su postrero mandato: en febrero de 2020, irrumpió en el Parlamento yuxtapuesto a las fuerzas de seguridad para presionar a los diputados y ganar que saliera delante un préstamo en materia de seguridad cuyo objetivo era reanimar las políticas carcelarias y combatir a las pandillas, desatando así una crisis institucional.

Muchos lo acusaron de intentar perpetrar un llamada de Estado y de vulnerar la efectiva separación de poderes en el país, ahora en el punto de mira por la violación de los derechos de miles de pandilleros que han sido sometidos a detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en el ámbito de un régimen de excepción que ha sido denunciado por numerosas ONG.

Ahora, la ley de agentes extranjeros se suma a este recrudecimiento de las políticas contra la sociedad civil y, gracias a su control de la destreza totalidad de la Asamblea Legislativa, ha sido aprobada con el voto a valía de 57 –de un total de 60– diputados que conforman la cámara.

La norma en cuestión ya había sido propuesta e impulsada en 2021 por Bukele, que inició en 2024 su segundo mandato consecutivo y permanecerá en el cargo al menos hasta 2029, pero contemplaba un impuesto aún anciano –del 40%– para estas organizaciones.

La medida aprobada esta semana incluye un impuesto del 30% a las ONG por las donaciones recibidas desde el extranjero y prohíbe que las ONG reciban donaciones o financiación «para la realización de actividades no declaradas previamente», encima de imposibilitar un cambio del «propósito patente por el cual recibieron los fondos sin aviso previo». Siquiera podrán acoger donaciones procedentes de fuentes o personas anónimas.

El artículo 20 de la norma determina que el presidente «podrá aprobar cuantos reglamentos de aplicación y progreso de la presente ley sean necesarios para el establecimiento de definiciones, cumplimiento de sus fines, atribuciones y competencias», mientras que el artículo 24 establece que «los sujetos obligados deberán registrarse en el Registro de Agentes Extranjeros en un plazo mayor de 90 días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley».

Crítica

La ONG Human Righst Watch (HRW) no ha tardado en pelar la medida, que da al Gobierno salvadoreño «amplias facultades para custodiar, sancionar y clausurar organizaciones estigmatizadas como agentes extranjeros», tal y como ha señalado en un comunicado.

Así, ha recordado que la medida ha desencajado delante sin debate ni consulta pública previa bajo el pretexto de defender la «transparencia». «En la destreza otorga al Gobierno una amplia autoridad para controlar, deshonrar y sancionar a las organizaciones de Derechos Humanos y a medios independientes que reciben apoyo internacional», ha añadido.

«No junto a duda de que la ley rebusca silenciar a quienes denuncian la corrupción, las violaciones de derechos y las negociaciones secretas entre los líderes de las pandillas y el Gobierno de Bukele», ha afirmado Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW. «Descalificar a las organizaciones de la sociedad civil, aplicarles impuestos asfixiantes y otorgar enormes poderes a un registro oficial no ayuda a mejorar la transparencia; solo reprime la disidencia», ha alertado.

La ley define como un agente extranjero a cualquier persona que «responda a intereses, sea controlada o financiada, directa o indirectamente por un mandante extranjero». Asimismo, define a un «mandante extranjero» como «cualquier persona u ordenamiento de un país extranjero».

La ley prohíbe a los agentes extranjeros registrados participar en «actividades para fines políticos u otros» que tengan el «objetivo» de «alterar al orden conocido» o «amenazar la estabilidad social y política del país», y prohíbe las donaciones anónimas, tal y como explica HRW.

«La comunidad internacional debería repudiar esta estatuto atroz», ha dicho Goebertus, al tiempo que ha matizado que «no hay ninguna razón para que quienes han criticado una estatuto similar en Nicaragua y Rusia se queden callados ahora».

La situación ha suscitado la preocupación de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU al considerar que contiene un «habla ambiguo» y que podría ser utilizada «de forma injusta para restringir derechos y libertades». «Podría tener un impacto gafe sobre el importante trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil a valía de los Derechos Humanos», ha lamentado la portavoz de la oficina, Liz Throssell.

LEY DE AGENTES EXTRANJEROS

Durante los últimos primaveras, este tipo de legislaciones han destacado la polémica en diversos países, especialmente en Rusia y Georgia, donde su aprobación provocó una esforzado ola de protestas en lo que muchos llegaron a clasificar como un Euromaidán a la georgiana.

La ley de agentes extranjeros de Rusia, duramente criticada por la comunidad internacional durante primaveras por vulnerar las libertades fundamentales de los ciudadanos, ha sido ampliada paulatinamente hasta socavar las actividades y operaciones de miembros de la sociedad civil.

En 2024, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que la ley rusa sobre agentes extranjeros violaba el derecho a las libertades de expresión y asociación. Incluso sostuvo que la estatuto rusa «lleva una impronta propia de regímenes totalitarios».

No obstante, fue Estados Unidos el primer país en aprobar este tipo de estatuto, que se remonta a 1938 y buscaba hacer frente, entonces, a la propaganda del régimen carca en Alemania. Después, la conocida como Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) fue enmendada en los primaveras 60 para incluir a grupos de poder y empresas que promocionaban intereses de gobiernos extranjeros.

Países como Australia y Canadá cuentan con leyes similares, basadas precisamente en la FARA. En el caso australiano, la norma obliga a antiguos miembros del Gobierno a registrar «cualquier actividad que realicen en nombre de entidades extranjeras».

En lugares como Nicaragua, la ley obliga a todo aquel ciudadano que trabaje para «gobiernos, empresas, fundaciones u organizaciones extranjeras» a registrarse en el Profesión del Interior e informar mensualmente de sus ingresos y gastos.

La estatuto venezolana siquiera se queda a espaldas: tras su aprobación en 2021, exige la inscripción de todas las personas físicas o jurídicas de carácter no financiero y pone en el punto de mira a las ONG, a las que somete a seguimiento y supervisión.

Sin bloqueo, En Europa la medida ha pasado inadvertida a pesar de que países como Hungría, Bulgaria y Ucrania han consentido en los últimos siete primaveras legislaciones que limitan las donaciones procedentes del extranjero.

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