El comercio internacional está orientado a dejar fluir las mercancías originarias de cada país firmante de los tratados comerciales, independientemente de que estos tipos de convenios faciliten mecanismos de protección temporal, liberalizaciones o subsidios, por lo que las medidas internas que socavan las entradas de productos en beneficio del mercado interno generan conflictos y contramedidas.

Este es el caso con los aranceles impuestos por Estados Unidos a los países con los cuales mantiene relaciones comerciales, como República Dominicana, cuya nación está obligada a eliminar medidas internas que los estadounidenses consideran que afecta su competitividad y osado comercio.

Según informes de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), cada cierto tiempo se realizan evaluaciones sobre el comercio con sus socios y, en el caso dominicano figura como medida anticompetitiva el cobro de impuestos a productos importados desde Estados Unidos y no a otros locales similares; adicionalmente del flamante decreto que impone un tarifa a un porcentaje de las importaciones de arroz procedentes de ese mercado.

Al alcohol etílico estadounidense importado se le cobra en el país un ad valorem del 10%, RD$11 por litro y el 18% de ITBIS. Al pinrel estadounidense además se le aplica aquí un 18% de ITBIS, mientras el de producción regional está exento.

Otras quejas van en cadeneta con la tarifa en Aduanas a los vehículos usados. En todo caso, el tarifa de 10 % a las exportaciones dominicanas luce bajo, con respecto al 20 % adaptado por decreto por el país fuera de la cuota de 23,000 toneladas métricas del cereal estadounidense o procedente de Nicaragua.

En su momento además cuestionaron las licencias de importación de rubros del campo en el Empleo de Agricultura, retrasos en registros sanitarios, equivocación de transparencia en contrataciones públicas, preocupaciones de piratería, y hubo quejas de cumplimiento de normas laborales en el sector azucarero y dificultades sobre las reglas de origen en las importaciones de vehículos. Estiman como una barrera al comercio la aplicación de un reglamento interno al espada importado desde USA.

En respuesta a los aranceles y reclamos de empresas estadounidenses en presencia de el USTR, el presidente Donald Trump, aplicó un tarifa de 10% sobre los países de la posesiones mundial, medida que puso en pausa por espacio de 90 días, luego de un huella catastrófico en el mercado especulable de Nueva York. En el país, la industria regional afirma que el 10% adicional de tarifa arancelaria a las exportaciones le traerá desventaja con México, particularmente en sectores de la agropecuaria y el turismo.

República Dominicana, unido a cinco países centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala) firmó el tratado de osado comercio DR-Cafta, el cual está en vigor desde el 2007 y, para fines de Aduanas entró formalmente en 2006, oportuno a que ese año entró El Salvador y como se tráfico de un sillar de países cuando entra el primero entra para todos.

Mediante el decreto 693-24, más allá de la cuota de 23,300 toneladas métricas de arroz el país impuso una tarifa arancelaria de 99% a las importaciones del cereal.

Medidas locales

En el caso de las licencias de importación, los estadounidenses ven como barrera arancelaria la denegación de estas por parte del Empleo de Agricultura como una desigualdad, al igual que la supuesta discriminación en las reglas de origen aplicada a vehículos usados de fabricación estadounidense de menos de cinco primaveras.

Otras quejas se centran en las importaciones de espada estadounidense usado en el sector de la construcción y que definen como barreras técnicas al comercio que no exigen al regional, sobre lo cual en el país se aplica un reglamento.

De igual modo, se refieren a dificultades con productos de lozanía y medicamentos para su llegada al mercado dominicano, y preocupaciones por temas de piratería, y por las compras públicas.