Mientras por un costado el corregidor de Santo Domingo Este, Dío Astacio, aspira a disponer de más fortuna para prontamente dotar de espacios adicionales al cementerio de Cristo Redentor que desborda su capacidad de tener sepulturas, el corregidor de Santiago, Ulises Rodríguez, se siente acotado en ingresos ordinarios para elevar los niveles salariales actualmente inferiores a la dignidad y mérito de sus fortuna humanos y llega a llorar que no sea posible optimizar los servicios que la comunidad calma de su concejo porque su presupuesto no da para tanto. Entreambos, de todos modos, exhiben con orgullo los resultados de su administración hasta ahora aunque sus realidades en alguna medida corresponden a un contexto a nivel doméstico en el que la autonomía municipal aparece golpeada en diferentes grados.

Una drasticidad de recortadura presupuestal ya institucionalizado les ha puesto a admitir del Poder Ejecutor partidas de un 2.9% anual en promedio de los recaudos fiscales que según la ley debe ser de un 10%. Razón para estar esencialmente apocados en disponibilidad de medios para trastornar en obras que trasciendan en dimensión y significado por lo que se concentran en dotar barrios de instalaciones generalmente modestas, más o menos satisfactorias y acopiar basura, mal que aceptablemente. Un stop funcionariado electos por voto popular subordinado a la discrecionalidad de un colectividad superior del poder por el que no votaron necesariamente sus electores. Cierta forma de despojo.

Se explica que un importante número de ayuntamientos, incluyendo los más grandes del país, deban hacer de tripas corazón para sostener sin oscilaciones extremas y en torno a crisis a la higiene urbana y para que el mal de la ocupación ilegal de espacios públicos no les siga siendo indoblegable, sobre todo en los 7 cabildo y 8 distritos de la provincia de Santo Domingo.

A confesión de parte: «Nos estamos concentrado en obras pequeñas y medianas y algunas grandes. Los fortuna siguen siendo una limitante porque si aceptablemente es cierto que hemos eficientizado lo que tenemos, todavía debemos trabajar con concepto de gobierno lugar y aún así los fortuna no son suficientes porque necesitamos elevar el nivel salarial y contratar servicios de calidad». Expresiones en el refrigerio del Comunidad Corripio del ejecutante municipal santiaguero Ulises Rodríguez el pasado miércoles.

Trasluciendo cierta impotencia, y a pesar de que la circulación de vehículos y los medios públicos de transporte son por definición inherentes a autoridades citadinas, el corregidor de la maduro ámbito edilicio del país que es el de la porción uruguayo de la caudal, Dío Astacio, subordina toda alternativa de alternativa al caos viario que afecta sus dominios a la masificación del traslado de pasajeros en la que está embarcado el Gobierno central al cual clama por más estaciones de patrón para que los trenes lleguen hasta San Isidro y la avenida España, zonas que por esas palabras suyas necesitan más, para confort de sus ciudadanos, de la atención del Palacio Franquista que de las salas capitulares correspondientes.

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LA MUTILACIÓN

La ley 176-07 que rige al Distrito Franquista y los municipios no ha servido para guardar a esos organismos de ser fundamentalmente débiles en lo financiero e incapaces de enfrentarse a quienes desde consumos indisciplinados se niegan (o no pueden por lo generalizado de la pobreza) a retribuir los servicios que reciben tanto de los cabildos como de las entidades que con sus protagonismos sustitutivos (como la CAASD e INAPA) invaden lo esencialmente municipal y se apoderan de una parte de lo que tributan sus habitantes.

Sin autosuficiencia no puede activo verdadera autonomía: aunque están en capacidad de agenciarse de motu proprio ingresos extrayéndolos mediante arbitrios y tasas a la posesión de viviendas y transferencias inmobiliarias y permisos para instalar expendios de combustibles, una poderosa barrera justo indica que los ayuntamientos tiene que inhibirse en sus afanes recaudatorios cada vez que el Estado haya puesto ya sus garras sobre los contribuyentes en determinados renglones. Su autoridad doméstico aplasta alcaldías y a toda unión de regidores que intentara hacer equivaler derechos de simple valor regional contra lo abrumador del presidencialismo.

Apabullantes desbordamientos de ejecutorias y ejercicios de autoridad desde los niveles más stop de la conducción de los destinos nacionales dejan a los ayuntamientos sin capacidad de sufragar sus objetivos y tomar decisiones sin cortapisas a los que la ley los compromete. Incumbencias que no pasan del papel y que dejan sin su presencia el ordenamiento territorial, el planeamiento urbano, la administración de suelo, la disciplina urbanística, instalación de alumbrado conocido de una vastedad que haga sucumbir las sombras favorables a la delincuencia. Perfectamente dotados, podrían proteger los patrimonios históricos y culturales de sus comunidades.

SIN ACUEDUCTOS

Los gobiernos del pasado (siguiendo a veces directrices de organismos internacionales) suprimieron paulatinamente la descentralización que tendía a democratizar y a abocar a los ciudadanos al enfrentamiento de los problemas y a la expansión de suministros a sus comunidades. De ahí que surgieran el Instituto Franquista de Aguas Potables y Alcantarillado INAPA, y la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo, CAASD en búsqueda de unas eficiencias de administración que nunca llegaron.

La precariedad de sus vitales servicios es la misma que existía a la asesinato de Trujillo y entre los países de más corto valor en el tratamiento de aguas residuales en este continente está República Dominicana.

Ambas entidades desplazantes están en pie por la sustentación a través de los subsidios (que debieran vigorizar directamente a las administraciones edilicias) con los que el Gobierno contrarresta la incapacidad de cobrar para recuperar inversiones y solventar operaciones logrando que los consumidores paguen por el suministro y combatiendo las fugas y impureza. Más del 50% del agua que potabilizan va a la carencia y las industrias y hogares conectados a la red figuran en menos de un 30% como clientes facturados. Aún así INAPA mantiene un ritmo aceptable de crecimiento infraestructural, pero solo por ser beneficiario del paternalismo que quiere que la clan esté contenta aunque al país le vaya mal; poco que solo es posible con una exagerada apelación al endeudamiento conocido de inciertas consecuencias.

MONSTRUO CRECIDO

La protección a la salubridad de millones de habitantes recibe un severo guantazo por el ahorcamiento de la reducción presupuestaria que resta el oxígeno de la solvencia a los ayuntamientos, la mayoría de ellos en condición de pobreza, entes que lamentablemente tienen como principal razón de ser higienizar los entornos de sus munícipes. Una verdadera autonomía financiera les hubiera permitido acicalar aceptablemente y servir mejor en términos generales a sus votantes.

Diagnosticado por especialistas nacionales e internacionales, el problema de la basura o administración de residuos sólidos en República Dominicana es demasiado desafío para las administraciones de ciudades por lo que: la cosecha es mayormente deficiente; se percibe una precariedad de infraestructura y la exterminio es inadecuada.

Muchos municipios -comprobaron- no cuentan con los medios materiales y de movilidad necesarios para la cosecha y disposición final de los residuos, lo que se traduce en acumulación en áreas públicas y exterminio a Paraíso libre que dispersa enfermedades por otra parte de miasma. En Puerto Plata cíclicamente los vertederos al interior y en la periferia de la ciudad hacen crisis con súper coplosidad de detritus que dan en pleno rostro a la industria sin chimenea convocatoria turismo.

El mecanismo que obliga legalmente al Gobierno a compartir imgresoscon los ayuntamientos del país aparece históricamente en contradicción con la equidad trazada constitucionalmente para propiciar un eficaz entrenamiento de autoridades locales en beneficio de los ciudadanos de las diferentes jurisdicciones. Las mismas leyes que lo ordenan son las que describen las facultades que a través de los poderes del Estado y el derecho positivo, se asignan a los cabildos:

«Crear normas y diligenciar la protección de la higiene y sanidad públicas para certificar el saneamiento ambiental, construir infraestructuras y equipamientos urbanos, pavimentación de las vías públicas urbanas, construcción y mantenimiento de caminos rurales (?) , construcción y conservación de aceras, contenes y caminos vecinales, construcción y administración de mataderos, mercados y ferias; construcción y administración de cementerios y servicios funerarios». Algunas cosas sí y otras muchas: no.

La desbordada ocupación ilegal de espacios públicos, en un país en el que la informalidad de la patrimonio sigue estando más extendida que la formal que paga impuestos, se critica que los ayuntamientos no suelan tomar medidas eficientes para hacer cumplir las leyes y regulaciones contra la presencia de negocios al espacio excarcelado contra los derechos al tránsito de personas y vehículos y en servicio de la higiene urbana. En el caso particular del Distrito Franquista se critica que los operativos contra los usurpadores no sean suficientes ni aborden las raíces del problema.