La modernización de la cédula de identidad y electoral en la República Dominicana representa un avance significativo en nuestro compromiso con la modernización tecnológica y la transparencia democrática. Sin punto a dudas, todo esfuerzo orientado a acorazar los registros civiles y certificar un paso seguro y confiable a la identidad franquista merece ser aplaudido.

Sin retención, no podemos obviar una preocupación legítima al conocer la campaña de la Grupo Central Electoral (JCE) que afirma: “un reseña de comienzo es una cédula, y una cédula es un voto”. Este mensaje debe invitarnos a reflexionar profundamente sobre los cimientos de nuestro sistema registral y electoral, especialmente en un contexto donde persisten brechas alarmantes en el paso a documentos básicos en zonas vulnerables.

De acuerdo con la Ley No. 4-23 de Registro Civilque regula la inscripción de nacimientos, matrimonios, defunciones y demás actos del estado civil, así como con la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, la correcta, verificable e íntegra inscripción de los ciudadanos constituye la colchoneta de la identidad franquista y del adiestramiento pleno del derecho al sufragio. No obstante, miles de dominicanos aún carecen de reseña de comienzo, lo que limita gravemente su paso a la ciudadanía plena y a la décimo democrática.

La pregunta que hoy debemos hacernos es clara: ¿Cómo aseguraremos que el proceso de transmisión de nuevas actas y su posterior conversión en cédulas se realice bajo los más estrictos controles de legitimidad, comprobación y transparencia, evitando irregularidades que puedan distorsionar la voluntad democrática?

En un contexto de creciente presión migratoria y de retos en materia de integridad registral, donde la frontera de la identidad franquista se ve amenazada, resulta imperativo representar con firmeza y responsabilidad. En presencia de este marco, el deber ciudadano no puede circunscribirse a entregarse en manos en las instituciones, sino que debe prolongarse a una vigilancia activa de los procesos.

Cada día que transcurre sin una depuración efectiva, una transmisión segura y una comprobación rigurosa de los registros civiles incrementa el peligro de que las irregularidades impacten directamente en la legalidad de los comicios venideros. La premura por cumplir con los plazos electorales no debe ser excusa para inmolar la calidad, la integridad y la transparencia que exige este proceso de cedulación.

Se vuelve fundamental la creación de comisiones de veeduría ciudadana, integradas por representantes de diversos sectores de la sociedad: académicos, gremios profesionales, organizaciones empresariales, líderes religiosos y actores de la sociedad civil. Estas comisiones deberán trabajar con plena autonomía, contar con paso efectivo a la información pública y disponer de mecanismos de auditoría continua para supervisar rigurosamente la depuración de registros y la expedición de documentos de identidad, así como promover el establecimiento de sanciones ejemplares para funcionarios o ciudadanos que incurran en irregularidades durante este proceso.

Solo mediante un proceso legal, verificable y transparente se garantizará que cada reseña de comienzo emitida y cada cédula entregada respalden el derecho de los dominicanos a construir su futuro tolerante sin interferencias ni distorsiones.

Modernizarse no es solo cambiar un plástico o modernizar una colchoneta de datos. Modernizarse es acorazar la nación, certificar que cada documento emitido sea el resultado de un proceso legal, seguro y transparente.

La nueva cédula es, hoy más que nunca, una responsabilidad histórica y un lucha impostergable para la JCE y para toda la sociedad dominicana.