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Cada primero de mayo, el país se llena de discursos que celebran el valencia del trabajo, la dignidad del esfuerzo y el aporte del trabajador dominicano al avance franquista.
Sin requisa, detrás de los actos oficiales y las palabras grandilocuentes, permanece una efectividad mucho menos edificante: la deuda social histórica que el Estado y el sistema productivo mantienen con quienes, día a día, sostienen la capital franquista.
En República Dominicana, ser trabajador sigue siendo, en muchos casos, un acto de sobrevivencia más que una ruta de progreso.
Los sueldos reales han sido degradados durante décadas, mientras el costo de la vida sube sin tregua.
La indexación salarial, que debería acaecer asegurado ajustes automáticos para proteger el poder adquisitivo frente a la inflación, nunca se implementó en los hechos.
Hoy, pretender corregir esa distorsión de chiste sería inviable para el sistema productivo, pero seguir ignorándola es perpetuar un maniquí de precariedad silenciosa.
Esta precariedad ha alimentado otro engendro crítico: el crecimiento desbordado de la informalidad gremial.
En muchos casos, quienes trabajan por cuenta propia —desde un tendero ambulante hasta un pequeño comerciante— pueden terminar percibiendo más que quienes tienen un empleo formal.
La paradoja es colosal: trabajar formalmente significa triunfar menos, malquistar descuentos obligatorios, y aún así estar expuesto a sistemas de vitalidad y pensión que no cumplen sus promesas.
Esta dinámica ha erosionado la confianza en el empleo formal, promovido la diversión fiscal, y dejado a cientos de miles de dominicanos desprotegidos: sin cotización, sin seguridad social, sin derecho efectivo a una pensión digna.
Mientras tanto, el Congreso estudia un nuevo esquema de modificación al Código Sindical.
Aunque se presenta como una modernización necesaria, entre sus sombras se asoma la posibilidad de desmontar derechos fundamentales como la cesantía gremial: el final flotador que tienen millones de trabajadores en presencia de un despido inesperado en un mercado que no ofrece garantías reales de reinserción inmediata.
Se deje de seguros de desempleo como alternativa, pero la experiencia dominicana en materia de seguridad social invita a la cautela.
Las ARS y las AFP, pilares del sistema contemporáneo, han priorizado consistentemente sus beneficios corporativos sobre la protección efectiva del ciudadano.
La vitalidad se ha convertido en un bulla premioso y las pensiones, en la amarga promesa de un retiro indigno: todo indica que menos de la medio de los cotizantes logrará una compensación suficiente para cubrir sus deposición básicas.
Es cierto que la cesantía representa un desafío para las pequeñas y medianas empresas, y que se necesitan soluciones creativas que equilibren los intereses de empleadores y trabajadores.
En su momento, el presidente Abinader propuso una serie de medidas de alivio para las pymes internamente de una reforma fiscal que nunca llegó a materializarse.
Sin ese ámbito de apoyo, desmontar derechos adquiridos es, simplemente, brindar una nueva brecha social.
En este Día del Trabajador, más que aplausos, los trabajadores dominicanos necesitan acciones concretas:
Una ruta realista de recuperación salarial. Una política pública que incentive la formalización sin castigar más a los pequeños. Una seguridad social que los proteja y no los expulse. Y un Código Sindical que evolucione, sí, pero no a costa de quienes menos poder tienen para defenderse.
Proteger al trabajador no es un obstáculo para el crecimiento financiero: es, precisamente, la cojín para un avance sostenible, acordado y verdaderamente inclusivo.
Porque al final, un país que celebra el trabajo pero abandona al trabajador, es un país que traiciona su propio futuro.
