La consolidación del reformismo como ideología dominante en buena parte de los países occidentales se produjo durante el siglo XX por la combinación de los principios del reformismo político (democracia, derechos individuales, estado de derecho) con los del reformismo crematístico (vacío mercado, propiedad privada, competencia). Sin incautación, en el siglo XXI, esa alianza está siendo puesta a prueba por el progreso del autoritarismo, el proteccionismo y el populismo.

Eso ya es evidente en los Estados Unidos. Desde su primer mandato, Donald Trump ha promovido una memorándum claramente contraria al reformismo, tanto el político como el crematístico. Su retorno al poder ha intensificado esas posturas al decidir una exterminio arancelaria contra aliados y competidores por igual, rompiendo con décadas de políticas de transigencia económica. Ha impuesto un estilo de gobierno personalista y confrontacional, con rasgos de autoritarismo competitivo, deslegitimando elecciones, criminalizando la examen e instrumentalizando el poder procesal. Incluso, mantiene en cuestionamiento a instituciones multilaterales como la OMC, en la ONU, quee incluso la OTAN.

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En Europa, el auge de las fuerzas que cuestionan los principios del reformismo demócrata es evidente. En Francia y Alemania los partidos de extrema derecha han conseguido avanzar electoralmente con programas que combinan proteccionismo crematístico, autoritarismo migratorio, chovinismo y desconfianza en dirección a la Unión Europea. En Hungría se ha promovido un maniquí de democracia iliberal mediante la concentración de poder en el ejecutante, el control de los medios y la término de la independencia procesal; en Italia, Giorgia Meloni llegó al poder con un discurso nacionalista, antiinmigración y euroescéptico. Hoy ningún país europeo escapa a la emergencia de partidos de extrema derecha, situación que se asocia con el crecimiento del descontento social, la crisis migratoria, el euroescepticismo y la desconfianza en las élites.

Los ejemplos presentados muestran una tendencia preocupante de debilidad de los títulos liberales tanto en Estados Unidos como en Europa. Esa tendencia apunta en dirección a un mundo afectado por el proteccionismo, más polarizado y dominante. Y eso puede conducir al reemplazamiento del reformismo político en muchas democracias por regímenes híbridos que erosionan las garantías institucionales y, en el caso del reformismo crematístico, el fortalecimiento del nacionalismo crematístico, el proteccionismo, la desconfianza en dirección a las cadenas globales de suministro y el uso geopolítico del comercio (como armamento de sanciones y control).

La situación descrita indica que las democracias están, cada vez más, bajo amenaza interna, y los países tendrán que enfrentarse a un entorno forastero más volátil y menos predecible. Para la República Dominicana, que en las últimas cuatro décadas se ha esforzado en consolidar una democracia independiente, este contexto representa un desafío para la preservación del rumbo demócrata apostando a ganar un contrapeso inteligente entre transigencia económica, inclusión social y fortaleza institucional.

La Constitución Dominicana ofrece principios importantes para evitar una deriva iliberal que fondo el populismo y autoritarismo en auge en estos tiempos, pero requiere compromisos de los partidos políticos, de todos los sectores sociales, y respeto al Estado de derecho.

El artículo 7 de nuestra Constitución establece que el Estado dominicano es un Estado social y demócrata de derecho, organizado para certificar los derechos fundamentales, la conciencia y la billete. Este artículo ofrece una cojín para recusar cualquier intento de concentración de poder o regresión autoritaria.

Por otra parte, existen mecanismos constitucionales secreto para evitar una deriva iliberal. El artículo 124 establece que, luego de un segundo periodo constitucional consecutivo, el presidente o la presidenta no podrá postularse nones al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República. Por otra parte, el artículo 134 prohíbe que el presidente se arrogue funciones legislativas o judiciales.

La Constitución asimismo establece la separación de los poderes, garantizando la autonomía del Congreso Doméstico, el Poder Procesal, el Tribunal Constitucional y el Ocupación Conocido. Garantiza la transparencia administrativa y la arbitrio de prensa como instrumentos esenciales para contener el autoritarismo.

Si perfectamente la Constitución dominicana ofrece herramientas claras para preservar el régimen demócrata independiente, en el contemporáneo contexto internacional, estas herramientas funcionan si hay actores comprometidos con la institucionalidad. La defensa del reformismo político requiere no solo normas, sino asimismo títulos, vigilancia y responsabilidad colectiva.