El autor es abogado. Reside en Miami.

POR JULIO MARTINEZ

La tragedia del derrumbe del techo de la discoteca Jet Set continúa generando repercusiones en la opinión pública, ahora con un nuevo molinete que ha sorprendido a analistas y expertos en comunicación de crisis. Recientemente, el periodista Julio Martínez Pozo, quien no tiene relación alguna conmigo, sugirió que se debería solicitar la intervención del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos para investigar la posibilidad de que el colapso haya sido provocado intencionalmente por narcotraficantes mediante una arrebato o dispositivo detonante.

«Entre las cosas que tenemos que descartar y que tiene que citarse fuera de toda duda en esta investigación es que no se presentara ningún otro medio ambiente que haya producido la implosión», expresó Martínez Pozo en declaraciones públicas que han generado considerable controversia.

Esta confesión, que aparentemente buscaba desviar la atención de posibles negligencias estructurales, ha generado un emoción contrario al esperado. Al introducir la teoría de una posible vinculación con el narcotráfico, surgen interrogantes inevitables: ¿Por qué narcotraficantes tendrían como objetivo específico esta discoteca? ¿Qué conexión podría existir entre estos grupos delictivos y el establecimiento o sus propietarios?

Lo que resulta paradójico es que, al intentar exonerar de responsabilidad por negligencia estructural, esta límite de defensa abre una nueva dimensión de cuestionamientos sobre las actividades comerciales del patrón Antonio Espaillat, propietario de la discoteca y de varios medios de comunicación, incluyendo aquel donde trabaja el propio Martínez Pozo.

La inconsistencia dialéctica del argumento

El planteamiento presenta varias inconsistencias lógicas que merecen disección:

1. La sugerencia de involucrar a una agencia extranjera como el FBI en un asunto de competencia franquista refleja una comprensión cuestionable del proceso lícito adecuado.
2. Si la hipótesis fuera que los medios de comunicación vinculados al señor Espaillat han publicado contenido que afecta a grupos del narcotráfico, resultaría más metódico que cualquier represalia se dirigiera contra los comunicadores responsables de dichas publicaciones, no contra un establecimiento de entretenimiento.
3. La insinuación de una arrebato o detonación provocada por narcotraficantes carece de evidencia preliminar que la sustente y parece más aceptablemente una especulación destinada a desviar la atención de posibles fallas estructurales o negligencias en el mantenimiento.

Las implicaciones no deseadas

Lo más preocupante de este tipo de declaraciones es que, en el intento de construir una defensa, se están generando asociaciones públicas entre el patrón y sectores del crimen organizado que anteriormente no existían en el imaginario colectivo. Como señalan expertos en diligencia de crisis, introducir instrumentos especulativos de esta naturaleza puede resultar contraproducente para la imagen pública de los involucrados.

La responsabilidad de la comunicación en crisis

Este caso pone de relieve la importancia de una comunicación estratégica y responsable durante situaciones de crisis. Los especialistas en relaciones públicas coinciden en que la transparencia y el enfoque en los hechos verificables suelen ser más efectivos que las teorías especulativas que pueden desviar la atención temporalmente, pero difundir problemas mayores a desprendido plazo.

En momentos donde familias afectadas aún buscan respuestas y honestidad, el discurso manifiesto debería centrarse en esclarecer las responsabilidades concretas relacionadas con el mantenimiento y seguridad de la estructura, aspectos que continúan siendo el centro de la investigación oficial.

El caso del Jet Set nos recuerda que, en situaciones de crisis, las estrategias comunicacionales deben ser cuidadosamente evaluadas. Como reza el dicho popular que se ajusta perfectamente a esta situación: «Compadre, no me ayude así». A veces, una defensa precipitada puede difundir más problemas que aquellos que intenta resolver.

Las autoridades competentes continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del colapso, mientras la opinión pública prórroga explicaciones basadas en evidencias técnicas concretas más que en especulaciones que abren nuevos frentes de controversia.

Es importante aclarar que este disección lo hago como observador forastero de la situación, sin ninguna vinculación personal con Julio Martínez Pozo ni con Antonio Espaillat, sino como un profesional del derecho que observa las implicaciones legales y comunicacionales de estas declaraciones.

Asimismo, quiero resaltar que no me hago eco ni me responsabilizo del discurso que sugiere una investigación relacionada con sectores oscuros del narcotráfico como señala Martínez Pozo. Mi disección se limita a examinar las consecuencias potenciales de tales declaraciones desde una perspectiva jurídica y comunicacional.

Jpm-am