Por Juan Carlos Arellano

“¡Tenemos Empleo de Seguridad Pública! Una idea que se discute desde el gobierno del presidente Ricardo Lagos, que ha pasado por distintas administraciones y que ahora vemos materializada gracias a la mecanismo de distintos sectores políticos”, celebraba el presidente Gabriel Boric el 27 de enero al promulgar la ley. Hoy se ha afamado un nuevo ministro en esa cartera, ocupando actualmente Pimiento el tercer empleo en América Latina en cantidad de ministerios, con un total de 25, solo por debajo de Brasil (38) y Venezuela (34).

La creación, modificación o exterminio de ministerios contesta claramente a una idea o a componentes ideológicos. En cualquiera de estos cambios, se observa un entorno conceptual que identifica y define un problema y, por otro flanco, un (re)diseño institucional y oficinesco para abordarlo. Reconfigurar un tarea no solo materializa un conjunto de principios y objetivos de un gobierno o coalición, sino que todavía refleja un consenso más amplio interiormente de la clase política en un contexto tolerante. Este proceso contesta a una demanda social que, en determinado momento, adquiere relevancia y investigación consolidarse como una política de Estado con proyección más allá de una agencia en particular.

Un caso ilustrativo del peso de las ideas es el de Hugo Chávez, quien en 2006 renombró todos los ministerios de Venezuela añadiéndoles el calificativo “del Poder Popular”, en crencha con su plan ideológico de construir un “Estado Comunal” y promover el socialismo del siglo XXI. Asimismo destacan los casos de Dilma Rousseff en Brasil (2015) y Gustavo Petro en Colombia (2023), quienes impulsaron la creación de ministerios de la Mujer o de Equidad de Mercancías como parte de su táctica para posicionar dichas temáticas en la dietario pública. En Brasil, este tarea fue fusionado durante el gobierno de Jair Bolsonaro, pero seguidamente restituido por Lula da Silva en 2023.

Por otro flanco, la fusión o exterminio de ministerios todavía contesta a componentes ideológicos, principalmente orientados en torno a la eficiencia y la reducción del sector manifiesto. Un ejemplo de filtración se observa en la agencia del presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, quien en 1993, en el entorno de un software de reducción del compra manifiesto, eliminó cuatro ministerios (Educación, Civilización, Minería y Energía). Más recientemente, en Brasil, Jair Bolsonaro redujo el número de ministerios de 29 a 15 en 2019, fusionando carteras secreto como Hacienda, Planificación e Industria en un único Empleo de Caudal, en consonancia con su discurso de rigidez y enfoque dadivoso. En Argentina, el presidente Javier Milei cerró 13 ministerios en 2023, despidiendo a miles de empleados públicos bajo el argumento de achicar el tamaño del Estado y contener el compra, en coherencia con su ideario redentor.

Estos ejemplos muestran que la creación, transformación o exterminio de ministerios tiene implicancias significativas. En primer empleo, envían un mensaje a la ciudadanía sobre la priorización de determinados temas en la dietario pública, ya sea con fines electorales o como expresión de un nuevo entorno ideacional sobre un problema social. En segundo empleo, estos cambios pueden reflectar la implementación o el desmantelamiento de ideas defendidas por organizaciones políticas, partidarias o gremiales.

El caso del Empleo de Seguridad Pública en Pimiento ilustra admisiblemente cómo estas decisiones dependen de circunstancias políticas e ideológicas y requieren una ventana de oportunidad para materializarse. Su discusión comenzó en 2005, como consecuencia de las reformas constitucionales de ese año. Más tarde, la presidenta Michelle Bachelet incluyó su creación en su software de gobierno y presentó un plan de ley en 2006. Sin confiscación, durante su tramitación en el Congreso, el plan fue modificado, resultando en la transformación del Empleo del Interior con la incorporación de la dimensión de seguridad, en empleo de la creación de una cartera independiente.

El presidente Sebastián Piñera retomó la idea y presentó un plan de ley en el Senado en septiembre de 2021. No obstante, aunque la seguridad fue uno de los ejes de su software, la creación de un tarea específico no figuraba entre sus principales medidas. Siquiera fue un tema central en la comisión convocada en marzo de 2021 para tratar la seguridad pública, integrada por parlamentarios, alcaldes, organizaciones de la sociedad civil y académicos, que dio origen al Acuerdo Doméstico por la Seguridad Pública. Aunque Piñera no logró aprobarlo durante su gobierno, el trámite continuó bajo la agencia del presidente Boric.

En el software de Boric, la creación del tarea se mencionaba en el entorno de la reforma policial, proponiendo una “nueva institucionalidad” con una cartera más técnica bajo el nombre de “Empleo de Seguridad, Protección Civil y Convivencia Ciudadana”. En otras palabras, la idea de separar seguridad del Empleo del Interior ya se había ido consensuando transversalmente en todos los sectores políticos.

En definitiva, la creación del Empleo de Seguridad Pública no es una idea nueva, sino una propuesta que ya contaba con un amplio consenso en la clase política chilena. Se podrá luchar sobre los distintos diagnósticos y alcances para encarar la seguridad pública, pero lo cierto es que, desde hace tiempo, existía coincidencia en la carestia de una repartición burocrática específica para enredar este problema. Sin confiscación, su aprobación requiere una ventana de oportunidad que cualquier político aprovechará, incluso si los detalles del plan no coinciden completamente con sus ideas iniciales.

En estos procesos, más allá de la racionalidad técnica, prima el peso simbólico y el mensaje que se quiere transmitir a la ciudadanía. La seguridad pública, sin buscarlo, se ha convertido en un eje central de la dietario del gobierno de Boric, una problemática que, sin duda, será secreto en las elecciones presidenciales de Pimiento este año. Las ideas importan, sí, pero necesitan su momento para materializarse.