La  PETT y la Fiscalía obtuvieron en este caso, con la colaboración de la Policía Franquista, suficientes pruebas testimoniales, documentales, materiales, ilustrativas y periciales con las cuales se logró la ejemplar aprobación.

La imputación fue presentada por los representantes del Profesión Sabido María Del Carmen De Audaz, Aleika Almonte Santana y Luis Eduardo Jiménez, de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Alcahuetería de Personas y la Fiscalía de María Trinidad Sánchez.

Los hechos atribuidos a Mejía Quezada fueron cometidos en el centro de su propiedad, denominado Bar Mateo, que operaba en el distrito municipal El Pozo, del municipio El Hacedor.

Dicho centro fue clausurado durante allanamientos ejecutados con orden legislativo en el mes de octubre del año 2021, tras realizarse una amplia investigación y comprobarse denuncias que establecían que el ocupación era utilizado para prácticas de explotación sexual y proxenetismo en perjuicio de jóvenes adolescentes de entre 14 y 16 primaveras de momento.

Según se determinó en el transcurso de las investigaciones, por cada actividad las víctimas tenían que pagarles al ahora condenado sumas que oscilaban entre los 700 y 900 pesos.

Durante el transcurso de las pesquisas de este caso fueron ocupados diferentes objetos, como armas blancas, pasta en efectivo, cigarrillos, bebidas alcohólicas y energizantes, así como dispositivos electrónicos, un freezer y una máquina tragamonedas, adicionalmente de una motocicleta y diferentes documentaciones.

Mejía Quezada, quien adicionalmente deberá respaldar las costas penales del proceso, cumplirá la pena en la Fortaleza Olegario Tenares, en el municipio Nagua.

El tribunal, integrado por los jueces Salma Bonilla Acosta (presidenta), Argentina Altagracia Tejada y Luz Mariel Santos Alonzo, lo declaró culpable de violar los artículos 1-A y 7-A, de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Alcahuetería de Personas, adicionalmente de los artículos 12, 25, 410 y 396, cultura B y C, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).