Su caso se remonta a una investigación iniciada por el FBI en 2018. Después, un gran comisión en Florida lo incluyó en un pliego acusatorio en 2019, cuyos cargos fueron transferidos al Tribunal Federal en San Juan.

Una figura de suspensión perfil

Las acusaciones sostienen que Peralta habría liderado una vasta ordenamiento transnacional de narcotráfico en la región del Caribe desde 1997.

Héctor Ramírez Carbósubjefe de la Fiscalía federal de San Juan, lo calificó previamente como un “CPOT” (Objetivo Organizacional Prioritario) desde 2017, equiparándolo con narcotraficantes de suspensión perfil como Joaquín “el Chapo” Guzmán.

Ramírez Carbó indicó que Peralta es el único clasificado como CPOT en Puerto Rico y el Caribe, lo que implica que encabezaba una de las organizaciones más prolíficas de tráfico de drogas y lavado de activos con impacto directo en el suministro de narcóticos en dirección a Estados Unidos.

Procesos judiciales en marcha

En noviembre de 2022, Peralta se declaró culpable de conspiración para importar y distribuir cocaína, reconociendo que la droga estaba destinada al mercado estadounidense. Desde entonces, la panorama de sentencia ha sido pospuesta en varias ocasiones, la más nuevo por razones no divulgadas, ya que las mociones correspondientes siguen selladas. Según informó el publicación Elnuevodia.comse presume que la defensa ha planteado una controversia relacionada con el descubrimiento de nuevas pruebas.

Desde su arresto, Peralta ha solicitado tratamiento médico para diversas condiciones. En 2022, durante su confesión de culpabilidad, informó al togado federal Pedro Delgado que no había recibido atención médica adecuada, delación que reiteró en diciembre de 2024. Fue entonces cuando presentó una demanda civil de US$7 millones, denunciando supuestas violaciones a la Constitución de Estados Unidos por parte del exalcaide del MDC y varios oficiales penitenciarios.

Aunque la demanda permanece sellada, una orden emitida en marzo por la jueza Camille Vélez Rive reveló que Peralta alega “indiferencia deliberada” en dirección a sus deposición médicas, solicitando tratamiento inmediato y adecuado. Sus abogados incluso pidieron medidas cautelares para acoger atención sin demoras.

Peralta argumentó que no había sofocado el proceso burócrata porque desconocía los procedimientos y que sus reclamos fueron ignorados o bloqueados por el personal penitenciario.

Sin pruebas suficientes, según la jueza

No obstante, la jueza Vélez Rivé rechazó la solicitud de medida de aprietoseñalando que el expediente carece de evidencia sustancial y se apoyo en alegatos vagos del abogado.

La magistrada destacó que el demandante no identificó a los funcionarios que habrían obstruido el tratamiento ni detalló qué quejas fueron desatendidas, lo que impide al tribunal establecer responsabilidad específica.

Encima, subrayó que Peralta no presentó evidencia ni justicia que justifique el incumplimiento de los trámites administrativos requeridos.

“El tribunal simpatiza con las condiciones médicas del demandante y las frustraciones que pueda tener (…) Sin secuestro, esto no se puede inferir para argumentar, como lo ha hecho, que se le ha obtuso el tratamiento médico adecuado”, escribió la jueza.

Agregó que “lamentablemente, el demandante se encuentra en esta situación porque es un delincuente convicto bajo la custodia del BoP. Como tal, no puede tener un médico ni tratamiento médico de su comicios, y tiene que agotar la vía administrativa antaño de presentar un caso frente a este tribunal”.

Al día ulterior, el abogado de Peralta apeló la valor frente a el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, en Boston, con la intención de revertir la negativa sobre el interdicto preliminar. Los demandados tienen hasta el 27 de mayo para reponer la moción.