CARACAS, 23 Abr.- Las autoridades de Venezuela han calificado de «ilegal y moralmente inadmisible» el intercambio de sus 252 connacionales deportados por Estados Unidos en El Salvador por el mismo número de «presos políticos» en Caracas propuesto por el presidente del país centroamericano, Nayib Bukele, que este martes ha criticado a su par venezolano, Nicolás Sazonado, porque su rechazo al plan «carece de coherencia».

El Tarea de Exteriores de Venezuela ha considerado que la propuesta de Bukele, contemplada en una misiva de la cartera diplomática salvadoreña, es «una confesión expresa de graves violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como de la comisión de actos que podrían tipificarse como acciones delictivas internacionales».

En un comunicado difundido en Telegram, el principal de la diplomacia venezolana, Yván Gil, ha denunciado que el canje planteado por Bukele es «ilegal y moralmente inadmisible al (…) condicionar la permiso de personas inocentes», en indicación a los migrantes deportados a división salvadoreño, mientras que los detenidos en Venezuela lo están por la «comisión de terribles hechos punibles».

«Este planteamiento constituye una perversión permitido, sin precedente en el situación de las relaciones bilaterales ni multilaterales, que vulnera principios elementales de rectitud, proporcionalidad y dignidad humana», ha evidente el ministro al señalar que «ningún de los» ciudadanos para los que Bukele pide la permiso tiene procedencia salvadoreña, mientras que «la mayoría» de ellos son venezolanos.

Adicionalmente, el titular de la cartera ministerial ha denunciado que sus connacionales recluidos en una calabozo de máxima seguridad en división salvadoreño son «víctimas del gravísimo delito de negociación humana», reiterando que se han gastado «privados de su osadía de forma arbitraria, (…) sin orden jurídico ni sumario previo» y «sometidos a condiciones degradantes e inhumanas, sin posibilidad de contacto con familiares ni representación permitido».

Asimismo ha denunciado que se les haya privado del «derecho a la defensa, el camino a audiencia jurídica (…), comparecencia en presencia de tribunales competentes», por lo que considera que son «víctimas de desaparición forzada».

Gil ha vuelto a implorar la «criminalización colectiva y racismo institucional» de las autoridades salvadoreñas, que han destacado a los detenidos de pertenecer a organizaciones criminales «sin pruebas», vulnerando la presunción de inocencia.

Por otra parte, el Gobierno venezolano ha solicitado a las autoridades salvadoreñas que entreguen el lista de personas de procedencia venezolana que fueron deportadas al país desde Estados Unidos y una prueba de vida de cada una de ellas; que informen de sus delitos, el tribunal al que han sido presentados y respondan si «se les ha resguardado su derecho a la defensa, a la vigor y a la comunicación con sus familiares».

«La respuesta a estas preguntas es fundamental y mandatoria para comenzar el proceso de restitución de las libertades de los secuestrados y el inicio de su regreso a Venezuela», ha señalado sobre una petición elaborada por la Fiscalía venezolana.

Por postrero, ha vuelto a exigir «la permiso inmediata e incondicional de los 252(…) venezolanos detenidos» en El Salvador, a quien ha responsabilizado de «cualquier afectación a su integridad fisica y psicológica».

de am