Loss abogados de Kilmar Ábrego García acusaron al gobierno del presidente Donald Trump de tener ignorado deliberadamente las órdenes judiciales que exigían el retorno de su defendido desde El Salvador a Estados Unidoscalificando las acciones del Ejecutor como una afrenta directa al sistema constitucional del país.

En un documento legislativo presentado el viernes, la defensa denunció que la distribución Trump fingió durante semanas no tener autoridad para suministrar el regreso de Ábrego, a pesar de mandatos claros de una jueza federal y de la Corte Suprema.

“El desprecio deliberado del poder ejecutante por el poder legislativo ha dejado una mancha en la Constitución”afirmaron los abogados. “Si hay alguna esperanza de eliminar esa mancha, debe comenzar por arrojar luz sobre las acciones indebidas del gobierno en este trágico asunto e imponer consecuencias significativas”.

El escrito fue presentado poco posteriormente de que Ábrego García, un trabajador de la construcción de Maryland, fuera finalmente repatriado y trasladado a Tennesse para enemistar cargos federales por supuesto tráfico de personas. La defensa sostiene que su deportación diferente, ocurrida pese a una orden legislativo de protección válido desde 2019, fue ilegal y arbitraria.

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El caso ha generado un esforzado debate institucional, ya que los abogados aseguran que el Ejecutor incurrió en una organización para desmentir el adecuado procesodesacatar fallos judiciales y debilitar los límites constitucionales que separan los poderes del Estado.

El gobierno, por su parte, pidió arrumbar la demanda tras tener cumplido con el mandato de retornar a Ábrego. En respuesta, los fiscales federales calificaron las acusaciones de “infundadas, desesperadas y decepcionantes”, asegurando que “los hechos prueban que el procesado fue devuelto como se ordenó”.

Sin secuestro, la defensa subrayó que la lucha lícito no ha terminadopues aún está irresoluto la valor del tribunal federal de Maryland sobre el fondo del caso, y advirtió que la proceder del gobierno dejó un precedente preocupante sobre la obediencia a las cortes.

Ábrego García fue deportado en almohadilla a una reproche policial no judicializada que lo vinculaba a la pandilla MS-13. Nunca fue imputado por delito alguno. Un árbitro de inmigración había determinado que enfrentaba peligro de persecución en El Salvador, por lo que debía permanecer en EE. UU. Su esposa, ciudadana estadounidense, presentó una demanda para revertir la deportación.

A pesar de las órdenes judiciales, el retorno se retrasó durante semanas. Trump llegó a fallar que bastaba con una emplazamiento a su homólogo Nayib Bukele para resolver el caso, mientras su gobierno alegaba que algunos detalles de su papeleo estaban amparados bajo el secreto de Estado.

La jueza federal Paula Xinis y la Corte Suprema ordenaron su retorno en abril. La defensa insiste en que el caso no debe cerrarse, ya que representa un intento sistemático del poder ejecutante por deteriorar la autoridad legislativouna argumento que, en sus palabras, “ensucia el corazón mismo de la democracia estadounidense”.

AP

Por: Itzel Olivo