Los periodistas Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y la productora de televisión Mariasela Álvarez; presentaron querellas penales delante la Procuraduría Fiscal del Distrito Doméstico por difamación e injuria en medios digitales.

Las querellas han sido dirigidas contra cuatro ciudadanos que ejercen el oficio de comunicación en redes sociales y medios digitales, Juan Aníbal Arrendel Núñez, Alfredo de Todopoderoso de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Casals García y Aquiles Jiménez Fernández.

La información fue ofrecida por un equipo lícito representante de los querellantes y que está integrado por los abogados Edwin Acosta, Patricia Santana Nina, Dangela Ramírez Guzmán y Carlos Alberto Polanco Rodríguez.

Los letrados aseguran que estas acciones no buscan amurallar el debate sabido ni restringir la crítica, sino proteger a la ciudadanía frente al uso inmoderado de plataformas comunicacionales para difamar, injuriar y desinformar sin fundamento, afectando el honor y la dignidad de personas que ejercen funciones públicas.

Las querellas han sido dirigidas contra cuatro ciudadanos que ejercen oficio de comunicación en redes sociales y medios digitales, Juan Aníbal Arrendel Núñez, Alfredo de Todopoderoso de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Casals García y Aquiles Jiménez Fernández, a quienes los querellantes atribuyen la difusión reiterada de señalamientos difamatorios e injuriosos.

Los abogados de los querellantes, afirmaron que, las expresiones de Arrendel, de la Cruz, Casals y Jiménez han traspasado los límites del deporte legal de la confianza de expresión para convertirse en ataques personales con consecuencias graves a sus reputaciones.

El documento dirigido a los medios argumenta que, aunque cada querella argumenta a circunstancias particulares, todas coinciden en un mismo propósito: purificar el espacio sabido, promover un debate respetuoso y aportar a una civilización democrática donde las diferencias se tramiten con argumentos, no con agravios.

Los firmantes reiteraron su compromiso con el Estado de derecho y el uso correcto de los mecanismos institucionales para dirimir conflictos. “No puede confundirse la confianza con la impunidad”, expresaron.

El pronunciamiento concluye con un llamado a la convivencia democrática, al respeto mutuo y al uso responsable de las libertades públicas como herramientas de construcción colectiva, no de destrucción personal.

Glz