La procuradora genérico de la República, Nueva Berenice Reynosoconfió en que la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y el nuevo Código Penal que entrarán en vigencia el próximo año contribuyan a la fortaleza institucional del país, a mayores niveles de transparencia, ya que aportarán mecanismos más eficaces para la persecución de la corrupción administrativa y la erradicación de la impunidad.

Reynoso encabezó un conversatorio adjunto a Víctor –Este– De todos modosministro de Industria y Comercio y Mipymes (MIC); Milagros Ortiz Boschdirector de Ética e Integridad Gubernativo (Digeig), y Carlos Pimenteldirector genérico de Compras y Contrataciones Públicas, sobre las reformas que respaldan la lucha anticorrupción.

La presentación del conversatorio, realizado en la casa de campo planta del edificio de la Procuraduría Universal, estuvo a cargo de Ulises Morlasdirector sumarial del MIC.

Charla con funcionarios

Reynoso y Pimentel dictaron la charla “Protegiendo lo nuestro con integridad” en la que abordaron los avances de la Ley de Contrataciones (Ley 47-25, del 28 de julio de 2025) y el Código Penal (Ley 74-25, del 3 de agosto de 2025).

Como parte del necesario proceso de divulgación sobre el difusión de la Ley 47-25 y la Ley 74-25, la procuradora Reynoso viene impartiendo una serie de conferencias, charlas y talleres en los que aborda, en diversas entidades, las novedades de ambas legislaciones que, adjunto a leyes como la que castiga el lavado de activos, actualizan al país respecto al ámbito sumarial internacional.

Reynoso destacó el hecho de que el nuevo Código Penal incluye la responsabilidad penal de la persona jurídica.

“Las empresas son responsables y responden delante la ley con su patrimonio, lo que significa que, si participan en soborno o cualquier acto de corrupciónpueden resistir una pena o la beneplácito veterano, que es hasta la disolución y lleva casi siempre, como una medida administrativa, la inhabilitación y el principal contratante que hay es el Estado”, planteó.

“Es muy importante para el sector empresarial que sepa que en el nuevo Código, porque ayer solo si se imputaba de lavado se podía perseguir a la persona jurídica, ahora en todos los delitos se le puede perseguir y pueden resistir desde una multa a un cerrojo provisional, a la inhabilitación como proveedor del Estado y a la pena veterano, que es la disolución”, dijo.

En cuanto a los servidores públicos, recordó que “tener cuartos no es malo; pero usted tiene que probar que esos fondos son lícitos, de lo contrario, incurre en el tipo penal de ganancia ilícito”. “Y ese es un delito -añadió- en el que la inhabilitación es para siempre”.

Durante su intervención, el ministro Bisonó sostuvo que “el nuevo Código Penal se presenta como una oportunidad para elevar la ética y la calidad del servicio divulgado”.

Definió el Código como “un pilar que folleto nuestra conducta y que reafirma nuestra gusto de servir con excelencia, inspirando a la sociedad y a las futuras generaciones de dominicanos”.

“Desde el Profesión de Industria, Comercio y Mipymes trabajamos para predicar con hechos. Hemos atrapado certificaciones internacionales como la ISO 37001 de Diligencia Antisoborno y la ISO 37301 de Cumplimiento Normativo, que reafirman nuestra gusto por el quehacer ético y transparente”, indicó.

“Este compromiso lo hemos llevado a las 13 instituciones adscritas al MICM, asegurando que cada colaborador interiorice y viva los principios de ética y cumplimiento”, sostuvo.

Milagros Ortiz Boschex vicepresidenta de la República, valoró la actividad como parte del compromiso cívico de orientación que desarrolla el Estado.

“Es importante que nos demos cuenta que hay una ley nueva, con delitos o crímenes que no conocíamos, tecnológicos, de otros tipos de sustancias que afectan a toda la sociedad”, expuso.

Carlos Pimentel resaltó la importancia de que los servidores públicos se interesen por conocer las nuevas normativas. Destacó que “las responsabilidades son individuales”.

Recordó que, por esa razón, el Gobierno hace esfuerzo, en coordinación con la Procuraduría Universal de la República, para que “todos los servidores públicos puedan conocer disposiciones normativas aprobadas y promulgadas recientemente en la República Dominicana”.

Ilegales perseguidos

Durante su presentación, Ulises Morlasresaltó los esfuerzos que realiza el MIC en coordinación con el Profesión Notorio. En ese sentido, recordó el seguimiento a los temas puesto sobre la Mesa de Ilícitos, “que integra a organismos públicos, fuerzas de seguridad y representantes del sector privado, para el combate a los ilícitos de derivados del tabaco, alcoholes y medicamentos adulterados, que desde el año 2021, incluye más de 155 millones de mercancías ilícitas decomisadas e incineradas”.

Igualmente, resaltó la creación del Consejo Interministerial de Propiedad Intelectual, enfocada en la promoción, protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual tanto en el ámbito chupatintas como en la persecución procesal. Esta iniciativa, “contribuyó en la limitación de la República Dominicana, luego de 28 primaveras, de la Nómina de Vigilancia de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos”, dijo.

Añadió que los esfuerzos conjuntos en la persecución de ilícitos administrativos en materia de hidrocarburos, para asegurar a los consumidores productos de calidad y la resaltó adicionalmente los esfuerzos conjuntos en la persecución de ilícitos administrativos en materia de hidrocarburos, para asegurar a los consumidores productos de calidad y la seguridad de los establecimientos, “que a la vencimiento ha significado multas pagadas, de modo voluntaria o forzosa, por más de 30 millones de pesos”.