Santo Domingo.- El Estado dominicano anunció el despliegue de una auditoría integral de permisos y licencias comerciales en todo el país, respaldada por nuevas métricas de trazabilidad y un endurecimiento del control fiscal, como una forma de consolidar una alianza estratégica para proteger la riqueza regional frente a la competencia desleal.

Esta bono fue validada en la sesión de la Mesa de Coordinación contra el Comercio Ilícito. En este espacio, las capacidades de inteligencia y ejecución de los ministerios de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Hacienda y Capital se fusionan con el poder operante de las direcciones generales de Aduanas (DGA), Impuestos Internos (DGII) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom), creando un agrupación unificado de bono estatal.

Durante el diálogo, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, ministro de Industria, Comercio y Mipymes, destacó que la efectividad de esta mesa radica en suceder institucionalizado el diálogo, logrando que la inteligencia de mercado que aportan los gremios se convierta en política pública vinculante.

En este contexto, Lovatón subrayó el compromiso innegociable del gobierno con la protección de las inversiones formales:

“El Estado está escuchando al sector productivo. Cada inquietud presentada por los gremios ha sido catalogada y ahora se traduce en acciones concretas de fiscalización y revisión de permisos”, afirmó el titular del MICM.

El funcionario advirtió que el comercio ilícito no es solo una fuga recaudatoria, sino un ataque directo a la competitividad del país. “Quien opere en la República Dominicana lo hará bajo el entorno de la ley. Nuestra empresa, de la mano con los sectores productivos, es combatir la competencia desleal, equilibrar el demarcación de pasatiempo y proteger la salubridad del consumidor”, dijo Lovatón.

La articulación de estas acciones se selló en la sede del Servicio de Industria, Comercio y Mipymes, con una billete robusta del liderazgo sabido y privado. Por el aposento ministerial, la sesión integró a los ministros de Hacienda y Capital, Imaginación Díaz; y de Trabajo, Eddy Olivares; así como al director ejecutante de Pro Consumidor, Eddy Alcántara.

Por parte del sector empresarial, el pacto de bono contó con el respaldo de Juan José Attías, primer vicepresidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), y de Mario E. Pujols, vicepresidente ejecutante de la entidad. La presencia y empuje de estos líderes gremiales reafirma que las decisiones adoptadas no son medidas unilaterales, sino el resultado de un Estado que audición, asimila y protege a su tejido productivo.