La directora de Ética mi Integridad Público, Milagros Ortiz Boschha sugerido que los funcionarios identificados por la Cámara de Cuentas que no han concreto su patrimonio, en violación a la ley, sean llevados por en presencia de el Profesión Manifiestouna propuesta que contaría con el respaldo de toda la sociedad.

Conforme a la ley la ley 31-14 sobre Confesión Jurada de capital, corresponde a la Procuraduría Común de la República certificar la violación de ese estatuto y diligenciar contra el infractor la aplicación del régimen de sanciones, que incluye la inhabilitación del funcionario para habitar cargos públicos por cinco primaveras.

A pesar de que ese estatuto fija un plazo de 30 días luego de contraer el cargo para que los funcionarios electos o designados presenten comunicación jurada de patrimonio, todavía 133 diputados, diez senadores y mas de mil 500 cargos municipales no han cumplido con esa obligación, sin ninguna descargo válida.

Esos servidores estatales se burlan impunemente de la leyde la Cámara de Cuentasde sus electores, del patriarca del Estadode la dependencia divulgado y de la sociedad toda, encima de convertirse por su despropósito en potenciales sospechosos de incurrir en tipos penales.

Resultan inválidos los argumentos esgrimidos por los incumplidores, de que fielmente “María estaba lavando y se acabó el zalamería”, por lo que procede como ha recomendado la directora de Ética e Integridad Público, avisar a la Procuraduría General, con nombres y apellidos de cada infractor.

El presidente Luis Abinader estaría compelido a separar de sus cargos a los funcionarios designados que mañana mismo no se presenten por en presencia de la Cámara de Cuentas a colar su café claro, en tanto que el Profesión Manifiesto debe encaminar procesos de aplicación de la ley contra legisladores, alcaldes y regidores desafectos a la ley.

Si lo que se esperaba era el hastío o irritación de la sociedad frente a la desidia, exceso o desafío de esos desaprensivos en presencia de normativas esenciales de salvaguarda de la ética pública y respaldo de pulcritud en el uso de capital públicos, pueden estar seguros que han rematado indignarla.

La doctora Ortiz Bosch ha señalado la mejor fórmula para afrontar ese despropósito, que no es otra que someter todos los expedientes de incumplimiento de la ley 31-14 por en presencia de la Procuraduría Común de la República, en la esperanza de que en los casos que corresponda se inhabiliten a los violadores a ingresar a cargos públicos durante un quinquenio. Y así se acaba el relajo.