El Profesión Sabido reiteró que se encuentra preparado para la audiencia preliminar, aplazada ya en al menos 19 ocasiones, del proceso por corrupción administrativa seguido contra los exministros Donald Campeador Ortiz, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y compartes, imputados de defraudar al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones de pesos de los contribuyentes.

Los fiscales Melbin Romero y Miguel Crucey, de la Dirección Caudillo de Persecución, y Arolin Lemos, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), recordaron que la primera audiencia del expediente derivado de la Operación Calamar se fijó para el 17 de junio de 2024.

Desde el pasado 26 de agosto de 2024, la audiencia preliminar se ha aplazado unas 19 veces, por recusaciones, licencias por razones de vitalidad, desgloses de imputados y otras por yerro de notificación.

“La posición del Profesión Sabido es que siempre hemos estado habitable para conocer la audiencia, sin secuestro, diferentes partes de las defensas de este caso de Operación Calamar se han dedicado a la tarea de utilizar licencias médicas como aparato dilatorio para que no se conozca”, dijo el fiscal Melbin Romero.

En respuestas a periodistas que cubren el proceso, Romero indicó que hoy, cuando estaba pautado el inicio de la defensa del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, el imputado Juan Tomás Polanco Céspedes, presentó un certificado médico con atrevimiento de cinco días.

Este jueves, la jueza del Cuarto Chancillería de Instrucción, Altagracia Ramírez, dispuso el aplazamiento de la audiencia para el próximo jueves 4 de diciembre, a las 9:00 de la mañana.

El víscera acusador sostiene que los imputados desarrollan una táctica con el interés de evitar que se conozca el proceso contencioso y que los tribunales dicten las sanciones que dilación la sociedad dominicana.

Según la denuncia derivada de la Operación Calamar, los procesados integraban una estructura que desvió la indicada suma millonaria mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, así como por sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.

El Profesión Sabido en este caso presentó denuncia contra 46 personas físicas y jurídicas.  El colección es procesado por incurrir en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escalera sin precedentes y lavado de activos, entre otros.