Durante décadas, la salubridad mental ha sido uno de los grandes temas invisibles de la memorándum pública dominicana. Presente en los hogares, en las escuelas, en los centros de trabajo y en las comunidades, pero distante del debate, del presupuesto y de las políticas estructuradas.

Incluso, hasta hace poco no era cubierto por el Seguro Habitual de Vitalidad del Sistema de la Seguridad Social.

Por eso, el plan integral de salubridad mental presentado por el Gobierno representa un paso necesario y oportuno para malquistar una efectividad que ya no puede seguir siendo ignorada.

La pandemia marcó un antaño y un posteriormente. No solo dejó secuelas físicas y económicas, sino además profundas heridas emocionales y psicológicas.

El aumento de la ansiedad, la depresión, los trastornos de conducta, el consumo problemático de sustancias y los episodios de violencia intrafamiliar son fenómenos medibles, palpables y crecientes.
La sociedad dominicana los vive a diario, aunque muchas veces carezca de las herramientas para nombrarlos o enfrentarlos.

Resulta acertado que el Estado asuma la salubridad mental como un problema de salubridad pública, que requiere planificación, inversión, prevención y comparsa sostenido.

La salubridad mental no es un fasto ni un asunto insignificante.
El país necesita que este plan se ejecute con seriedad, seguimiento y compromiso.
Atender la salubridad mental es una inversión en humanidad, en cohesión social y en futuro.