EL AUTOR es ingeniero. Reside en Santo Domingo.

En el proceso de reclamos de suscripción de una deuda de aproximadamente unos 336 millones de pesos que tiene el Estado con 82 contratistas aglutinados en el Comité Institucional Codiano (CIC), se ha querido testimoniar el hecho de que algunos contratos de obra supuestamente no están registrados en la Contraloría Normal de la República.

A representantes del Ocupación de Hacienda se les ha explicado reiteradamente que todo contratista que ha recibido algún suscripción a través de la Administración Franquista, obligatoriamente tiene su pacto registrado en Contraloría.

El ordenamiento procesal de nuestro país, incluyendo la Ley de Contrataciones Públicas, exige que los contratos que involucren fondos públicos se registren en la Contraloría para que tengan validez y, principalmente, por razones de transparencia, control y fiscalización del compra manifiesto.

Hasta enero del 2007 estuvo actual la ley 3894 que en su artículo 27 ordenaba que “todo pacto que implique un desembolso de metálico manifiesto debe ser registrado en los libros contables que para tales fines tiene la Contraloría y Auditoría Normal”.

A partir del 2007 esa ley fue derogada por la  10-07, que en su articulo 27 ordena el establecimiento de una dispositivo técnica de la Contraloría en cada institución contratante, la cual  está integrada por personal  profesional interdisciplinario .

Esa dispositivo, con dependencia reglamento, administrativa y financiera de la Contraloría Normal de la República, tiene la responsabilidad de “registrar, con fines de control interno posterior, los contratos de las entidades u organismos que impliquen una erogación de fondos públicos“.

Un funcionario del Ocupación de Hacienda, empoderado para tratar el tema de la deuda estatal con los referidos contratistas, ha pretendido testimoniar la posibilidad de que algún pacto de obra de los miembros del CIC no tenga el registro obligatorio que manda la ley.

Se quiere ignorar que Administración Franquista no debe hacer pagos a contratistas sin el libramiento de suscripción debidamente facultado por la Contraloría, pues hacerlo implicaría una violación “de los procedimientos legales y de control establecidos por el sistema financiero y presupuestario del Estado”.

Hay que resaltar el hecho de que en contabilidad pública el libramiento constituye un documento de gran importancia porque certifica que el pacto fue registrado y fiscalizado por la Contraloría como evidencia de que existe un compromiso permitido y presupuestario suficiente.

Los pagos que realiza el Estado a los contratistas de obras de infraestructura deben cumplir con los controles internos que establecen la Ley Orgánica de Presupuesto y la 10-07.

Las actuales autoridades de Hacienda han manifestado abiertamente su temor de que sea cuestionada la derecho del suscripción de deudas viejas a los contratistas aglutinado en el CIC.

Sin confiscación, todo contratista que ya ha recibido suscripción del Estado es porque su pacto está debidamente registrado en Contraloría y porque un libramiento es una autorización formal y permitido para que Administración Franquista realice desembolsos de fondos públicos.

Frente a la tozudez de nuestros burócratas debemos reiterar que cuando un contratista de obra recibe un suscripción por parte del Estado ello constituye una evidencia de que su pacto obligatoriamente debe estar registrado en la Contraloría.

Si en las pasadas administraciones se violentaron esos mecanismos legales, corresponde a las actuales autoridades hacer las aclaraciones de ocasión y adoptar acciones administrativas para no afectar los reclamos de pagos de los contratistas con deudas viejas por cobrar.

Esa puntualización, si es pertinente, iría en consonancia con los lineamientos de transparencia y prevención de corrupción que desde un principio ha caracterizado la gobierno del presidente Luis Abinader.

Jpm-am