Al menos 51 personas murieron durante las violentas protestas que sacudieron Nepal esta semana, dijo la policía el viernes en su posterior cálculo, mientras comienza a conocerse la magnitud del caos que derrocó al gobierno.

Más de 12,500 prisioneros que escaparon de múltiples cárceles en todo el país siguen prófugos, dijo el portavoz de la policía Binod Ghimire a AFP.

Lás protestas empezaron el lunes en Katmandú y en otras ciudades, contra la valor del gobierno de circunvalar las redes sociales y contra la corrupción.

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El primer ministro, KP Sharma Oli, anunció su dimisión el martes, durante una excursión marcada por los disturbios en la que manifestantes quemaron la sede del Parlamentoedificios del gobierno, un centro comercial y un hotel Hilton.

A pesar del restablecimiento de plataformas como Facebook, X o YouTube, la promesa de una investigación sobre la violencia policial y la renuncia del primer ministroalgunos grupos de jóvenes manifestantesbajo el paraguas de “Reproducción Z“, saquearon el martes edificios públicos y las viviendas de varios dirigentes.

Por otra parte de incendiar el Parlamento, manifestantes todavía prendieron fuego a la residencia del hasta entonces primer ministro.

El jueves, las autoridades de Nepal dijeron que habían recapturado a más de 200 de los 13.500 reos que se fugaron de las cárceles esta semana, aprovechando el caos de las violentas protestas y la renuncia del primer ministro.

Vano de poder

Nepal encadenó este viernes su tercer día consecutivo en un aureola político tras las protestas juveniles que forzaron la caída del primer ministro K.P. Sharma Oli, con el movimiento de la ‘Reproducción Z‘ dividido, las negociaciones estancadas y el Parlamento reclamando una salida constitucional a la crisis.

El presidente de la Cámara de Representantes, Devaraj Ghimire, y el titular de la Una asamblea Naceal, noemitieron una revelación conjunta en la que subrayaron que la crisis “no debe apartarse del constitucionalismo ni del Estado de derecho”.

Los dos recordaron que el Presidente Ram Chandra Poulel debe averiguar un consenso que preserve la soberanía, las libertades civiles y la pelotón doméstico.

El citación parlamentario se suma a la presión de colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil, que han despierto que cualquier Ejecutante fuera de la Constitución carecería de licitud. La Asociación de Abogados de Nepal pidió esta semana un gobierno civil no partidista, mientras 65 colectivos firmaron un manifiesto conjunto para que el presidente Poudel asuma un papel más activo en la transición.

Ese planteamiento desafiaría las propuestas de parte del movimiento lozano que encabezó las protestas, donde algunos sectores han pedido no solo la disolución del Parlamento sino todavía una reforma en profundidad de la Constitución.

A esta tensión se añaden los obstáculos legales que impiden a varios de sus candidatos favoritos encabezar el Ejecutante provisional: la Carta Magna solo permite que un miembro del Parlamento sea designado primer ministro, lo que deja fuera a figuras como la exjueza Sushila Karki o el corregidor de Katmandú, Balendra Shah.

Las conversaciones entre representantes de la emplazamiento ‘Reproducción Z‘, el Ejército y la Presidencia permanecen estancadas, sin un nombre que concite consenso para liderar un gobierno suplente. Mientras tanto, partidos tradicionales como el Congreso Nepalí o el UML reclaman espacio en un eventual Ejecutante, una opción rechazada de plano por los jóvenes.

El Ejército apoya a los jóvenes

El Ejército ha expresado su respaldo al movimiento lozano y participa en las conversaciones como fiador de la seguridad, aunque insiste en que no pretende hacerse cargo el poder directamente. Aun así, en Katmandú crece el temor a que, si el malogrado político se prolonga, se acabe imponiendo un gobierno suplente bajo su tutela.

Las protestas, desencadenadas tras el aislamiento de 26 redes sociales el pasado 4 de septiembre, estallaron en un clima de hartazgo contra una clase política percibida como corrupta e inmóvil y han dejado hasta ahora 51 muertos y más de un millar de heridos, según el posterior cálculo de las autoridades.

La indignación alcanzó su punto congelado el martes, cuando grupos de manifestantes incendiaron el Parlamento, el Tribunal Supremo y la oficina presidencial, encima de atacar residencias de dirigentes políticos. Bajo esa presión, y tras la renuncia de varios ministros en rechazo a la represión, Oli se vio obligado a dimitir.

Desde entonces, Katmandú intenta recuperar cierta normalidad con la reapertura parcial de fronteras y del tráfico tras el algarada del toque de queda, aunque los edificios calcinados de ministerios e instituciones judiciales recuerdan la magnitud del estallido.