Si poco caracteriza al pueblo dominicano, en cualquier vastedad en que se encuentre, es la alegría; se inventa cualquier cosa con el pretexto de hacer de cada momento un espacio de satisfacción, aunque internamente esté destrozado por cualquier motivo.

Todo nacido en esta parte de la isla La Española o de casta dominicana que haya crecido fuera del circunscripción doméstico, reacciona con incomodidad cada vez que se pretende frenar ese impulso cultural a la diversión.

En ese contexto, reacciones de enojo social se repiten con frecuencia a lo abundante de la cosmografía doméstico en la era de Faride Raful al frente del Empleo de Interior y Policía, adecuado a las incursiones policiales en actividades festivas en barrios y comunidades de las principales demarcaciones. Se tráfico, sin duda, una respuesta en presencia de una especie de violencia social e institucional.

Aquí y en cualquier parte del mundo a los agentes del orden notorio se les adoctrina para acatar órdenes, por los que conforman la policía de Faride no constituyen la excepción. Vox populi es que el director de la Policía, Ramón Antonio Guzmán Peralta, nunca contradice las órdenes de la dama del edificio “El Huacal”; profundizando con ello la violencia social e institucional. Manido esto, la coetáneo Policía no es la de Guzmán Peralta, sino la de Faride.

La táctica frente a los “teteos” y otras actividades de esa naturaleza que se improvisan en barrios de Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y otras demarcaciones no es el diálogo. Por el contrario, la orden consiste en el emanación de bombas lacrimógenas y disparos para dispersar a los participantes. Esta talante ha provocado muertes innecesarias de jóvenes a causa de balas disparadas desde armas del cuerpo llamado a la preservación del orden notorio.
La ministra de Interior y Policía lo que debe enfocarse es en la puesta en secuencia de un efectivo plan de seguridad ciudadana que procure un correcto cálculo entre la prevención y el control del crimen, que contemple una reducción significativa del compra desproporcionado en vigilancia policial que incurre la filial del presidente Luis Abinader.
De la misma modo hay que trabajar con inteligencia en una adecuada planificación de políticas públicas para la prevención y control de la delincuencia y la criminalidad, que priorice factores esenciales, entre ellos la concentración urbana, la desigualdad, el desempleo, familias dislocadas y servicios públicos inexistentes o deficientes.
Una cuestión esencia está en el agradecimiento de la existencia del problema, erradicando la novelística del ocultamiento del parada nivel de inseguridad ciudadana. Complica la puesta en marcha de estrategias encaminadas a soluciones adecuadas, si se persiste en desmentir el aumento de esta evidente problemática. Numerosos casos de ratería como robos, asaltos y despojo de documentos, entre otros, ocurren cada día en las calles de los principales centros urbanos de la cosmografía doméstico, generando preocupación y susto en la población.

Lo cierto es que la Policía Franquista sigue siendo un corporación reactivo, no preventivo. Hay que descuidar las acciones cosméticas e ir a las raciones más profundas de la problemática; el marketing y las relaciones públicas no aportan competencia, al contrario, la población le confiere un carácter de engaño.

La posibilidad no radica en atacar los “teteos” con tiros y bombas lacrimógenas, sino, en primera instancia, en la bienvenida de que la inseguridad ciudadana representa un difícil problema que amerita de más esfuerzos aceptablemente planificados.

Mientras eso llega, hay que frenar la política de violencia social e institucional que defiende Faride, frente a una población que búsqueda vías de escape en presencia de las secuelas de una sociedad desigual y opresora.