

La autora es abogada. Reside en Santo Domingo
POR MARIA ESTELA DE LEON
La violencia política contra las mujeres constituye una de las expresiones más preocupantes de la desigualdad de naturaleza en la vida democrática. Se negociación de una franca violación de los derechos humanos que atenta contra la billete equitativa en los espacios de toma de decisiones.
Esta experiencia, muchas veces normalizada o invisibilizada, desalienta a las mujeres a participar en la vida pública y política, y debilita la democracia al privarla de voces diferentes.
Según ONU-Mujeres en torno a 736 millones de mujeres han sido víctima de violencia física o sexual. Sin considerar violencia de acoso sexual, embarazos producto de la violencia sexual, las enfermedades de trasmisión sexual ocasionadas por sus compañeros y ex compañeros de vida. Dejando en ellas enfermedades mentales permanentes.
Esta puede expresarse de forma física, sexual, psicológica, económica, digital, simbólica y verbal.
¿Qué es la violencia política contra las mujeres?
“Cualquier batalla, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros, basada en su naturaleza, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y tengan por objeto o por resultado menoscabar o anular el registro, disfrute o deporte de sus derechos políticos”, según la Ley Maniquí Interamericana.
Esta definición pone en evidencia la escazes de los Estados implementar medidas concretas para evitar, sancionar y erradicar estas prácticas, en ese orden, es necesario preguntar ¿Quiénes pueden cometer este tipo de conducta? las instituciones del Estado, partidos políticos, medios de comunicación y líderes de opinión, individuos actuando de forma directa o mediante terceros.
Entre los espacios de manifestación podemos encontrar las redes sociales, medios comunicación, ámbito privado y franco y organizaciones sociales. Países como Bolivia, Costa Rica, Perú, México, Argentina y la República Dominicana han permitido o modificado sus legislaciones para tipificar este tipo de violencia. Por otra parte, han activado protocolos de batalla y programas de sensibilización.
En cuanto a las redes sociales, debemos destacar el hecho de ser espacios para la visibilidad y la promoción de propuestas, incluso son un circunscripción hostil, donde el hostigamiento, insultos, ataques a la honra y la dignidad franco son frecuentes. Existen incluso otras formas de violencia contra mujeres, a veces muy sutil, como son; la omisión sistemática de reuniones, los horarios de encuentros, los lugares donde se toman decisiones, entre otras artimañas. Combatir esta situación exige variar la civilización política.
La sociedad dominicana es compromisaria con la erradicación de la violencia política contra las mujeres, de forma principal están los órganos electorales que garantizan que la billete política de las mujeres esté revestida de las garantías procesales donde les permita competir y desempeñar funciones públicas, disponible de violencia.
Por otra parte de leyes, las cuales garanticen los derechos de mujeres y hombres en condiciones de igualdad. En esa conciencia social, los partidos políticos deben establecer en sus estatutos sanciones tendientes a proteger a las mujeres en la vida partidaria y que le den cumplimiento de forma efectiva a las existentes.
Se debe destacar que, este delito de forma genérico, esta regularizado e invisibilizado en la sociedad. Quienes las han padecido no logran identificarla como tal, y las que sí saben, prefieren acatar silencio por razones diversas.
El país sigue avanzando en los compromisos internacionales en la materia, eso lo demuestra el hecho en el cual en 1997 votaran la Ley 24-97 sobre violencia intrafamiliar, la reformulación del Servicio de la Mujer, la tipificación de la violencia política en razón de naturaleza, en la Ley No. 20-23 Orgánica de Régimen Electoral, en su Artículo 316, entre otras decisiones reconocedoras de derechos de mujeres.
Es necesario educación con perspectiva y enfoque de naturaleza transversal a todas las instituciones públicas y privadas del país, adicionalmente de políticas públicas efectivas, para revertir este coctel perverso servido a mujeres y niñas en algunos de los trayectos de sus existencias, las cuales, en este contexto, están condenadas a residir vidas de miserias.
Es oportuno trabajar para erradicar de la sociedad las distintas modalidades de la violencia política sufrida por las mujeres, cuando deciden participar en la vida pública; para romper con la pobreza, las desigualdades y desempeñar sus derechos humanos en plenitud sin discriminación por razón de ser mujer en un callado diseñado por y para hombres.
Jpm-am
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