El autor es médico y diputado. Reside en Santo Domingo

Las violaciones sexuales en género son una de las expresiones más brutales de la violencia machista contemporánea. No son episodios aislados ni simples “excesos” ligados al ocio: constituyen actos planificados, reforzados por la deducción de dominación colectiva y, cada vez más, amplificados por la impresión y difusión de las agresiones.

La víctima no solo sufre la violencia física y psicológica en el momento, sino que queda atrapada en una revictimización permanente al ver su intimidad convertida en espectáculo digital.

En estos ataques, los agresores experimentan un aberración de desindividualización: creen que la fallo se diluye porque es compartida. Esto les permite desinhibirse, resumir el sentimiento de responsabilidad y proceder con decano violencia. El objetivo va mucho más allá del placer sexual: se tráfico de demostrar poder, cohesión masculina y control tajante sobre la víctima.

Estos crímenes suelen ocurrir en contextos de fiestas, consumo de bebida y drogas, aunque no se limitan a ellos. La criminología ha identificado que suelen participar hombres jóvenes, algunos con historial de conductas violentas, pero no necesariamente psicópatas clínicos. Se tráfico más adecuadamente de una violencia estructural, alimentada por el machismo y la impunidad.

Un aspecto perturbador es la tendencia a registrar y difundir las violaciones. Para los agresores, el video funciona como un “trofeo” que exhibe poder y refuerza la complicidad en el interior del género. Al circular en redes o plataformas clandestinas, se convierte en una forma de pornografía no consentida, multiplicando el daño: la víctima revive la embestida cada vez que teme que el material reaparezca.

Este aberración se potencia con el acercamiento inmediato a celulares, la civilización de hipersexualización y la banalización de la violencia sexual en contenidos digitales y pornográficos.

La embestida sexual en género deja secuelas psicológicas mucho más severas que un ataque individual, porque combina humillación pública, exposición colectiva y la amenaza constante de difusión digital. Las víctimas enfrentan estigmatización social, aislamiento, miedo crónico y en muchos casos cuadros de estrés postraumático profundo.

En países como España, América Latina y Estados Unidos, casos mediáticos han expuesto la magnitud de este aberración, evidenciando la emergencia de animar leyes que castiguen no solo la violación, sino incluso la impresión y difusión de imágenes sin consentimiento.

Desafío

El desafío legislativo es doble: certificar condenas efectivas y, al mismo tiempo, proteger la privacidad de las víctimas en una Era donde lo íntimo puede volverse manifiesto en segundos.

La mayoría de los agresores sexuales en género no sufren un trastorno mental diagnosticable. Sus conductas responden a dinámicas culturales que legitiman la violencia como una actos masculina de cohesión y dominio. Sin retención, en algunos casos se observan rasgos antisociales, narcisistas y sadismo sexual, donde la humillación de la víctima se convierte en un aspecto de excitación.

La impresión, más que un indicio clínico, es la prueba de un entorno de socialización violenta, donde la violencia sexual se transforma en espectáculo y mercancía.

Las violaciones en género y su impresión no pueden seguir tratándose como hechos aislados o patologías individuales. Son un espejo estupendo de un sistema cultural que naturaliza la cosificación del cuerpo mujeril, minimiza la violencia sexual y convierte el dolor de las víctimas en contenido compartible.

Combatirlo exige leyes firmes, educación sexual con enfoque de tipo y una neutralidad que rompa con la impunidad estructural.

Jpm-am