La autora es periodista. Reside en Baní

POR LUISANNA LORA PERELLO

Frente al Palacio de Honestidad de Ciudad Nueva, la indignación ciudadana volvió a acomodarse las calles. La denominada Marcha Negra no fue un arrebato momentáneo ni una puesta en estampa simbólica; fue una advertencia clara y directa: el país estaba observando, con lupa y memoria, el crecimiento del caso SENASA.

El proceso jurídico, descrito por el Profesión Divulgado como un entramado de corrupción que habría provocado un desfalco superior a los 15 mil millones de pesos, toca el corazón mismo del sistema de vitalidad pública y, por extensión, a millones de dominicanos. Por eso la protesta no fue protocolar ni decorativa: fue visceral, cargada de desconfianza acumulada y de un hartazgo que ya no se disimula.

Las consignas fueron claras y reiteradas: este no puede ser otro expediente destinado a diluirse con el paso del tiempo. Para muchos de los manifestantes, se proxenetismo de uno de los fraudes más grandes y  graves que ha conocido el país, y el maduro temor era que el proceso terminara suavizado por el ya recurrente argumento de los problemas de vitalidad, ese comodín jurídico que suele aparecer cuando los expedientes pesan y las responsabilidades se acercan.

En ese contexto, el tribunal dispuso 18 meses de prisión preventiva contra Santiago Hazim, señalado por el Profesión Divulgado como el principal imputado y supuesto cabecilla de la estructura que habría operado el desfalco en SENASA. La valor fue leída en la calle como un mensaje directo: al menos en esta etapa, la enfermedad no funcionó como escudo.

Sin bloqueo, el resolución asimismo dejó grietas abiertas. El magistrado ordenó prisión domiciliaria e impedimento de salida del país contra la encartada Cinthy Acosta, así como prisión domiciliaria contra Eduardo Read Fortuna, medidas que reavivan un debate forzoso: ¿qué criterios pesan verdaderamente cuando se decide quién va a prisión y quién cumple la coerción desde casa en casos de corrupción de detención perfil?

Aquí cobra vigencia una advertencia planteada recientemente y llamo mi atención por la periodista Altagracia Salazar: aunque el país ha renovador en dirección a un Profesión Divulgado con maduro independencia, el sistema de ecuanimidad sigue siendo esencialmente el mismo y la política continúa incidiendo en sus engranajes. Esa efectividad ayuda a explicar por qué decisiones judiciales como esta, aun cuando representan avances concretos, generan lecturas encontradas y mantienen a la ciudadanía en estado de alerta permanente.

La indignación que hoy se expresa no nace del deseo de castigo, sino del cansancio. Del agotamiento frente a un patrón que la procuradora común de la República, Jenny Berenice Reynoso, ha señalado en reflexiones previas: durante la planificación y ejecución de grandes fraudes no hubo problemas de vitalidad; estos aparecen, con sospechosa frecuencia, cuando la ecuanimidad toca la puerta.

Aunque la magistrada no se ha referido a este expediente en particular, su planteamiento volvió a circular en redes sociales como un espejo incómodo de la efectividad doméstico. El mensaje es simple y convincente: si hubo vitalidad para cometer el fraude, debe haberla para contestar en presencia de la ecuanimidad.

La Marcha Negra no concluye con la repaso del resolución ni se agota en una excursión de protesta. Continúa en la vigilancia ciudadana, en el seguimiento riguroso del proceso y en la exigencia constante de que este expediente no sea archivado en la memoria colectiva como otro escándalo más.

Hoy la ecuanimidad dio un paso. Pero en un país de memoria frágil y presiones persistentes, el cierto desafío será que no camine sola cuando la política intente marcarle el rumbo.

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