EL AUTOR es presidente del Frente Cívico y Social. Reside en Santo Domingo.
A abril de 2025, cada dominicano —desde el recién nacido hasta el anciano— carga con una deuda de más de 7,200 dólares, fruto de decisiones tomadas por una élite política y económica que ha gobernado de espaldas al pueblo.
En tan pronto como veintinueve abriles, la deuda pública consolidada del país ha pasado de 3,994 millones a más de 77,600 millones de dólares, un aumento de 1,843 % que compromete no solo el presente, sino que hipoteca el futuro de generaciones que aún no han nacido.
No es producto de una querella, ni de una catástrofe natural, ni siquiera de una caída de los ingresos. No. Es consecuencia directa de una conducta criminalmente valeverguista, donde el desembolso divulgado ha crecido de forma desbordada por encima de lo recaudado durante más de tres décadas.

Y, como ocurre en cualquier hogar o empresa que gasta más de lo que apetencia, el Estado termina endeudado. Solo que, en este caso, los que disfrutan el ágape no son quienes pagan la cuenta.
En 1996, el Estado dominicano recaudó 1,856 millones de dólares, de los cuales un 45 % se destinó a inversión de caudal. En cambio, en 2024 recauda 20,346 millones, pero gasta 24,283 millones, destinando tan pronto como un 10.8 % a inversión productiva.
Es asegurar, aunque los ingresos se han multiplicado, el adeudo no desaparece: por cada 100 pesos recaudados, 22.8 fueron al faltriquera de las élites financieras en concepto de intereses de deuda. Una ecuación perversa cuyo único destino es el colapso.
A menudo se nos palabra de “crecimiento crematístico sostenido”, de “fortaleza fiscal”, y de “república maniquí en la región”. Pero los datos dicen otra cosa. Desde 1996 a la aniversario, los ingresos del Estado dominicano se han multiplicado por diez, pero la deuda pública se ha multiplicado por vigésimo.
¿Cómo puede hacerse entender esta contradicción?
Muy simple: no estamos creciendo de verdad, estamos inflando la pertenencias a colchoneta de deuda. Lo que han llamado explicación no es más que una burbuja dopada con préstamos, que beneficia a los de en lo alto mientras hunde a los de debajo en más impuestos, más inflación y menos servicios.
Este maniquí de “crecimiento con esteroides” —sostenido artificialmente por financiamiento extranjero— ha convertido al Estado en un drogodependiente al endeudamiento y al pueblo en la aval colateral de una élite financiera y política que se sirve del país como si fuera su finca privada.
La verdad desnuda es que, si los ingresos aumentaron 10 veces, no era necesario endeudarse 20 veces… a menos que el objetivo fuera otro: enriquecer a pocos a costa de todos.
Pero lo más peligroso es que esta hélice de endeudamiento fue precedida por un crimen estructural contra el pueblo dominicano: en 1996, la deuda externa del país era de 3,994 millones de dólares, y el Estado dominicano contaba con un patrimonio divulgado incalculable. Empresas eléctricas (CDEE), mineras (Pueblo Añejo), industriales (CORDE), agroindustriales (CEA), hoteleras, aseguradoras, molinos y más.
En espacio de modernizar y convertir ese patrimonio en motor del explicación franquista, la partidocracia lo desguazó, lo malvendió y lo entregó a intereses privados, nacionales y extranjeros. Liquidaron el esfuerzo de generaciones enteras con la excusa de la “eficiencia”, y hoy nos han multiplicado la deuda por vigésimo sin resolver un solo problema esencial del pueblo.
Todo lo contrario: han profundizado la crisis social y económica. Han limitado al Estado a un simple cobrador de impuestos, sin alma, sin presencia, sin autoridad. Hoy el pueblo sufre la desvaimiento de un Estado privado, incapaz de certificar ni el agua potable, ni la energía digna, ni la vigor, ni la educación, ni la seguridad ciudadana.
Para 2025, casi el 29 % de los ingresos tributarios se destinan al cuota de intereses. Es asegurar, de cada 100 pesos que el pueblo entrega con esfuerzo, 29 se van a manos de acreedores que prestan a un país sin transparencia ni controles. Ni siquiera el Faja Central escapa: sus pasivos aumentan porque el Gobierno Central, apurado en adeudo, ya ni siquiera puede transferirle capital.
Esto no es una crisis económica. Es una estafa institucionalizada.
Un maniquí diseñado no para servir al pueblo, sino para proteger a una élite voraz que saquea el Estado con la complicidad de partidos, tecnócratas y funcionarios que se esconden tras cifras frías y discursos huecos.
Desde el Frente Cívico y Social (FCS) alzamos la voz con la fuerza de un pueblo digno. No podemos seguir aceptando que nos endeuden sin consultarnos. No debemos remunerar una deuda que no disfrutamos. No es solo injusto: es inhumano.
Esta deuda no es solo financiera. Es una deuda política, social y recatado.
Y exige equidad.
No puede hablarse de soberanía franquista cuando un crío dominicano nace con una deuda impagable sobre los hombros. No puede hablarse de explicación mientras se financia el privilegio de unos pocos con el sufrimiento de millones.
Hacemos un llamado urgente al pueblo dominicano:
A despertar. A organizarse. A exigir cuentas. A romper este círculo vicioso que nos conduce al barranco.
Desde el FCS proponemos una transformación fiscal radical, con pilares claros:
Un pacto tributario adaptado, simple y transparente.
Reglas fiscales firmes para contener el desembolso clientelar y producir superávits.
Auditorías independientes y públicas de toda la deuda y los contratos asumidos en nombre del pueblo.
Y, sobre todo, un nuevo liderazgo político y social que no viva de la deuda, sino que luche por la dignidad.
El tiempo de la resignación ha terminado. Es hora de asegurar baste.
La deuda que ellos contrajeron… no la pagaremos nosotros con penuria, desesperanza y silencio.
¡Despierta, RD!
Jpm-am
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