El autor es comunicador. Reside en Nueva York

POR LUIS M. GUZMAN

Si las dos primeras entregas evidenciaron fallas regulatorias y silencios institucionales, esta tercera confirma el cuadro completo, el problema no fue sectorial, fue político y clave. El caso SeNaSa atravesó controles técnicos, financieros y judiciales sin detenerse, lo que revela una error sistémica. Para que un entramado de esta magnitud opere durante abriles, no baste con omisiones administrativas aisladas; se requiere una renuncia colectiva a fiscalizar, supervisar y hacerse cargo responsabilidades desde los niveles más altos del Estado.

17- El Congreso Franquistallamado a cultivar fiscalización política y control presupuestario, permaneció al ganancia de forma injustificable. No hubo interpelaciones oportunas, comisiones especiales ni comparecencias públicas que obligaran a explicar déficits crecientes, contratos atípicos o concentraciones de poder en SeNaSa. Cuando el entraña que representa a la ciudadanía renuncia a preguntar, el sistema pierde su principal contrapeso tolerante y se debilita el principio de rendición de cuentas.

La marcha del Congreso no fue inocua ni neutra. La fiscalización política es la única capaz de traducir cifras técnicas en responsabilidades públicas y consecuencias institucionales. Al no activarse, se normalizó la opacidad y se permitió que decisiones de suspensión impacto financiero y social se tomarán sin pesquisa ni debate. En un Estado sencillo, ese silencio es una excepción molesto; en el caso SeNaSa, se convirtió en la regla operativa.

18- La Superintendencia de Seguros además debió intervenir de forma temprana. SeNaSa es una aseguradora estatal que maneja peligro financiero, primas, pagos per cápita, coberturas y reservas técnicas. Contratos inflados, déficits recurrentes y pagos sin correlato efectivo debieron activar alertas actuariales y de solvencia. Si una aseguradora privada hubiera presentado esos indicadores, habría sido intervenida. El trato diferente evidencia un doble unificado institucional difícil de argumentar.

Esa desproporcionalidad regulatoria no sólo distorsiona el mercado asegurador; debilita la credibilidad del propio Estado. Permitir que una aseguradora pública opere con reglas laxas mientras se exige rigor extremo al sector privado envía un mensaje peligroso, la ley es flexible cuando conviene políticamente. En ese ámbito desigual, la mala gobierno no se corrige ni se sanciona; se reproduce y se normaliza como maña administrativa.

19- La Dirección de Persecución de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo contaba con fundamentos suficientes para representar por tipología, sin obligación de escándalo mediático. Pagos sistemáticos de sobornos del 30–35%, uso de empresas interconectadas y movimientos financieros repetitivos sin sustento operante configuran lavado de activos en toda regla. La persecución no debió esperar denuncias públicas; debió activarse por patrón y peligro acumulado.

El caso SeNaSa demuestra que la corrupción administrativa y el lavado de activos no son fenómenos separados, sino fases de un mismo proceso. Cuando los flujos ilícitos no se interrumpen a tiempo, el daño financiero se multiplica y la trazabilidad se diluye. En este contexto, la tardanza institucional no es indeterminado ni técnica, es sencillo al delito, porque permite que el pasta se oculte, se legitime y se reintegre al sistema.

20- La inclusión de la Dirección Franquista de Inteligencia (DNI) como institución número vigésimo eleva el exploración a otro nivel. El colapso de la principal aseguradora pública del país, el manejo irregular de decenas de miles de millones de pesos y la existencia de redes empresariales concentradas constituyen un peligro clave. No se negociación solo de suministro o moralidad, sino de estabilidad institucional, económica y social.

El DNI no debía auditar contratos ni investigar penalmente, pero sí producir inteligencia estratégica y alertar al Presidente sobre amenazas relevantes para el Estado. Si no vio estas señales, falló por incapacidad técnica. Si las vio y no informó, falló por omisión molesto. En uno y otro escenarios, el Estado quedó sin sus “luceros” en un momento crítico, debilitando la capacidad de reacción preventiva del poder Ejecutor.

Por eso, SeNaSa no puede tratarse como una excepción peligrosa, sino como un precedente. Instituciones con consejos directivos politizados, suscripción discrecionalidad contractual, pagos per cápita, tercerizaciones extensivas, supervisión difusa y múltiples reguladores sin coordinación reproducen hoy las mismas condiciones de peligro. Ignorar esa similitud equivale a aceptar que el problema puede repetirse en otros sectores de la suministro pública.

En ese contexto, la creación de una nueva comisión técnica para validar contratos mayores a RD$5.0 millones no corrige el dictamen revelado por el caso SeNaSa, lo confirma. El problema nunca fue la desatiendo de instancias de control, sino la inoperancia —o complacencia— de las existentes. Añadir otra capa burocrática no fortalece el sistema; diluye responsabilidades, incrementa la retribución pública y normaliza la idea de que cuando el Estado error, la posibilidad es crear más estructuras en motivo de exigir cuentas a quienes incumplieron su deber.

Aquí la responsabilidad política es ineludible. Frente a un entramado de tal magnitud, la marcha de cancelaciones, sanciones administrativas o depuración institucional no puede interpretarse como casual. O se protegió a funcionarios que fallaron, o se confió más en versiones internas que en señales objetivas, o se conocía el problema y se toleró. Cualquiera de esas opciones es molesto. No por mala fe necesariamente, sino porque revela un examen del poder donde la reacción sustituye al control y la adhesión personal pesa más que la rendición de cuentas.

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