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El Pregonero, Santo Domingo. – Dirigentes de las principales organizaciones del transporte del país, la Pacto Doméstico de Transporte la Nueva Opción (FENATRANO), y la Confederación Doméstico de Transporte Actual (COENTRAM) denunciaron este martes lo que califican como una “persecución legal arbitraria” contra miembros de sus sindicatos, con el objetivo de beneficiar a operadores ilegales del transporte notorio.
El presidente de COENTRAM, Jairo Doñe, y el dirigente transportista Jorge Luis Pérez, revelaron que el pasado viernes uno de sus afiliados fue detenido supuestamente sin orden legal ni citación previa por parte de las autoridades, siendo trasladado directamente a la Fiscalía del Distrito Doméstico.
Doñe afirmó que, al intentar obtener información en la Fiscalía de Los Ríos, fue capaz por un fiscal de que todavía existía una orden de arresto en su contra.
“El procedimiento fue totalmente irregular. La ley establece que, en presencia de cualquier denuncia, deben ser citadas ambas partes. Aquí se actuó de forma independiente, solo por declaraciones de transportistas piratas que fueron desalojados de la avenida Núñez de Cáceres por el Intrant y la Policía Doméstico”, declaró Doñe.
Los dirigentes señalaron directamente al fiscal de Los Ríos, a quien acusan de efectuar fuera de su territorio y de seguir alegadamente instrucciones políticas del senador y dirigente transportista Antonio Marte.
Según denunciaron, Marte estaría utilizando supuestamente su posición para presionar a las autoridades judiciales a fin de emitir órdenes de arresto contra dirigentes del transporte permitido, mientras promueve el funcionamiento de rutas irregulares.
“Hoy estamos gastando más de 200 mil pesos para sacar a un compañero que fue apresado sin motivo. No lo vamos a permitir”, aseguró Doñe.
Asimismo, acusaron al senador de liderar una logística para debilitar a los sindicatos establecidos, mediante acciones judiciales intimidatorias.
“Esto no es probidad, es una persecución con fines políticos y económicos”, indicaron.
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Los transportistas hicieron un llamado a la procuradora común de la República, Yeni Berenice Reynoso, para que investigue la diligencia del fiscal involucrado y frene lo que calificaron como una actos abusiva e ilegal. “Nadie está por encima de la ley, y un fiscal no puede efectuar por presión de un senador ni violar el correcto proceso”, expresaron.
Finalmente, los sindicatos reiteraron su compromiso con el transporte organizado, permitido y transparente, y afirmaron que darán la cara en presencia de cualquier denuncia, pero exigen que se respeten sus derechos y se les trate con probidad.
