Santo Domingo. Durante el IV Congreso de Inclusión Social y Sindical, realizado en Santo Domingo, el abogado Jaime Sénior afirmó que la inclusión en las empresas debe asumirse como parte de la táctica de dirección y no solo como una tarea del ámbito de Fortuna Humanos.

El jurista explicó que cuando las compañías tratan la inclusión como un simple requisito matemático, reaccionan sólo para cumplir. En cambio, aquellas que la incorporan a su sistema de gobierno corporativo la gestionan con indicadores concretos, como niveles de permanencia del personal, desempeño, concurrencia profesional, accesibilidad, ascensos y reportes internos.

A su prudencia, este enfoque involucra directamente a la ingreso administración, ya que impacta en tres aspectos esencia: manejo de riesgos, cumplimiento normativo y reproducción de valía a grande plazo.

La exigencia de crear incentivos que faciliten los trámites relacionados con beneficios y exenciones, así como reglas claras sobre accesibilidad en permisos de construcción y adecuaciones. Asimismo propuso que los estímulos estén vinculados a resultados medibles, como empleo estable, ajustes razonables y accesibilidad comprobable.

Adicionalmente, sugirió que tanto las compras públicas como las contrataciones privadas incluyan criterios de accesibilidad para impulsar cambios reales en el mercado.

Promover la inclusión no solo argumenta a un compromiso social, sino que todavía mejoramiento los resultados financieros. Citó estudios que indican que empresas líderes en inclusión de personas con discapacidad suelen registrar mayores ingresos, mejores márgenes y más productividad que sus competidores.

Integrar políticas inclusivas reduce la rotación de empleados, fortalece la honradez y mejoramiento la socorro, lo que disminuye costos asociados a contratación y capacitación.

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