LA ALTAGRACIA. La propuesta de elevar a municipio al Distrito Turístico Verón–Punta Cana ha encendido uno de los debates políticos más álgidos de los últimos abriles en la provincia La Altagracia. Lo que en principio parecía un propaganda lícito de autonomía administrativa, se ha convertido en un dilema territorial, financiero e institucional que enfrenta a dos zonas interdependientes: el pujante polo turístico de Verón-Punta Cana y el histórico municipio encabezamiento, Higüey.

El plan de ley, introducido en septiembre de 2024 por el senador Rafael Barón Duluc (Cholitín), del Partido Revolucionario Nuevo (PRM), rastreo conceder autonomía plena a una de las zonas con anciano crecimiento poblacional, financiero y urbanístico del país. Sin bloqueo, la propuesta ha provocado una ola de preocupación en Higüey, cuyos líderes políticos, comunitarios y empresariales advierten que esta intrepidez podría desestabilizar la capital y debilitar la gobernabilidad del municipio causa.

“NO ES UN TEMA FAMILIAR; ES UN TEMA DE HIGÜEY”

Durante un acto oficial donde se entregaron cheques para la ejecución de 37 obras en Higüey, la alcaldesa de este municipio, Karina Aristy, fijó una posición tajante. “Lo que se pretende hacer con nuestro municipio es inaceptable. Yo no puedo defender esto sola. Esto no se alcahuetería de Karina Aristy, ni de la hija de Amable, ni de una tribu. Esto es de todos nosotros, de Higüey.

Y debemos estar a una sola voz”, declaró con energía. Aristy alertó que, de aprobarse la municipalización, Higüey podría perder hasta un 40% de su presupuesto contemporáneo, ya que una parte importante de los ingresos proviene de los arbitrios e impuestos generados en la zona turística. “Este año, si eso pasa, se cae el 40% del presupuesto aceptado.

El que sabe sumar, restar y dividir, sabrá de qué estamos hablando”, enfatizó. Además denunció que la apariencia pública realizada en la zona turística para discutir este tema fue hecha “de forma secreta y antidemocrática”, sin convocar a las autoridades de Higüey. En respuesta, anunció una audiencia pública para el 29 de mayo en la Universidad Católica del Este (Ucade), en Higüey, con el objetivo de escuchar todas las voces y fijar una postura popular. El regidor higüeyano Jefferson Castillo, de la Fuerza del Pueblo, ha propuesto una opción intermedia: la creación de una mancomunidad entre Higüey y Verón–Punta Cana, figura que permitiría una delegación compartida de fortuna e infraestructura, sin arribar a una separación política total. Esta idea ha sido aceptablemente apariencia por algunos sectores como un punto de contrapeso en medio del conflicto.

COMUNIDAD Y SOCIEDAD CIVIL TAMBIÉN RECHAZAN PROYECTO

Desde la sociedad civil higüeyana, uno de los pronunciamientos más críticos caldo del arquitecto Cirio Castillo Valdez, presidente de la Coordinadora Común de Organizaciones Sociales y Comunitarias de La Altagracia (Comunalt+), quien advirtió sobre los riesgos de una intrepidez a su parecer precipitada.

“El plan ha irrumpido en el proscenio divulgado de forma repentina, ligera y, para muchos, preocupante. Resulta desconcertante que un tema de tal envergadura haya sido promovido sin el más reducido consenso ciudadano”, declaró Castillo. Cuestionó, adicionalmente, que la iniciativa provenga del propio senador de la provincia. “Más desconcertante aún es que esta iniciativa provenga de quien ostenta la más adhesión representación legislativa de la provincia”, dijo en insinuación directa al senador Barón Duluc. Aunque reconoció que existen fundamentos legales, advirtió que la separación afectaría la cohesión territorial, identidad histórica y peso político de Higüey.

“La separación implicaría el revés financiero más esforzado que haya recibido Higüey en su historia nuevo”, sentenció la alcaldesa.

LA CONTRAPARTE: “ESTO NO ES UN FAVOR; ES UN DERECHO”

Del otro costado del debate, el senador Barón Duluc y los vocales de la Sociedad Municipal de Verón–Punta Cana se mantienen firmes en su defensa y respaldo al controversial plan de ley. Marcelle Flores, vocal del oficialista Partido Revolucionario Nuevo (PRM), fue enfática: “No vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que se entorpezca la elevación a municipio. Tenemos todas las cualidades para hacerlo y así será. Está bueno de residir a costilla de este pueblo pujante”. Uridy Marte, vocal, aseguró que movilizará a la comunidad en defensa de esta causa.

“No solamente ganará nuestro pueblo, sino el país, porque tendremos mejores condiciones para seguir desarrollándonos de forma sostenible y sin injerencia en términos de planificación”, expresó Marte. Recordó que Verón–Punta Cana cuenta con 138,919 habitantes, más que 138 de los 158 municipios del país, y ocupa el puesto 13 en tamaño territorial. “Necesitamos tener la autonomía de planificarnos y dirigir en qué dirección afrontar el avance de nuestro pujante distrito”, afirmó el vocal del Partido de la Fuga Dominicana (PLD).

Raúl Polanco, vocal del PRM, sostuvo que “no es un confianza lo que se le está haciendo a Verón. Nuestro distrito reclama lo que le corresponde por ley. Cumplimos con todos los requisitos: población, identidad económica, infraestructura y fuentes de ingresos”. Adicionalmente, propuso una posibilidad transitoria para Higüey: “Sugiero entrar en una negociación donde paulatinamente se reduzca la asignación de fortuna al municipio encabezamiento. Llegará un momento en que todos los fortuna se quedarán aquí, pero hay que darle tiempo a Higüey para prepararse”.

El vocal Dionisio López, del Partido Fuerza del Pueblo (FP), aportó un argumento institucional a confianza de la municipalización. “No solamente hablamos de monises. Es que las instituciones no pueden venir aquí. Eso indica que tenemos limitaciones para tener nuestra propia Sociedad Central Electoral (JCE), para tener nuestro propio Auditoría de Paz”.

Afirmó que al no ser municipio, Verón–Punta Cana se encuentra rezagado y sin paso a servicios esenciales. “Esos servicios son indispensables en el destino turístico más importante del Caribe insular. Hablamos de los servicios que por ley, al no ser nosotros municipio, no tienen paso a la comunidad ni a la sociedad”, dijo López.

CHOLITÍN: “LA LEY YA DECIDIÓ”

El senador por La Altagracia y autor del plan de ley de la discordia, Rafael Barón Duluc (Cholitín), aseguró que con la entrada en vigor de la Ley 368- 22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, el distrito de Verón– Punta Cana ya cuenta con autonomía plena en materia de planificación urbana, sin menester de ser elevado formalmente a municipio. “La autonomía de Verón ya no depende de que se le dé el título de municipio. La Ley 368-22 es clara: los distritos municipales con más de 15,000 habitantes tienen derecho a su propio Plan de Ordenamiento Territorial, con fortuna asignados y capacidad de gobierno independiente”, afirmó.

Barón Duluc explicó que la legislatura representa un cambio estructural en el maniquí de gobierno territorial, ya que transfiere competencias y fortuna directamente a distritos densamente poblados como Verón, que actualmente supera los 200,000 habitantes. “Esto significa que el Comunidad de Higüey ya no puede seguir administrando los fondos de planificación y avance urbano correspondientes a Verón”, enfatizó. Aclaró que, más allá del inspección simbólico, Verón ya está ejerciendo funciones propias de un municipio:

“En lo práctico, Verón ya está funcionando con independencia en los aspectos más importantes del avance territorial”, indicó Barón Duluc. El congresista altagraciano igualmente instó al gobierno central a contraer su rol: “La ley ya decidió. Ahora el Gobierno Central debe contraer su responsabilidad y compensar a Higüey por la pérdida de esos fortuna. Esta redistribución tiene impactos reales”.

Finalmente, Duluc llamó a una gobierno responsable: “No pespunte con tener el control del zona, hay que administrarlo con visión de avance. Higüey debe ser compensado y Verón debe contraer con seriedad este nuevo desafío. Esa es la dirección correcta y en eso enfocaré mi gobierno”.

EL DILEMA: AUTONOMÍA O COHESIÓN TERRITORIAL

El debate sobre la municipalización de Verón–Punta Cana va más allá de los presupuestos. Lo que está en pernio es el maniquí de avance que debe adoptar La Altagracia. Mientras Verón alega derecho, capacidad y necesidad de autogestionarse, Higüey teme perder su columna vertebral económica y política. Ambas zonas comparten historia, vínculos familiares, circuitos comerciales y un mismo zona. Pero el crecimiento exponencial del polo turístico y la creciente demanda de servicios e infraestructura exigen una transformación en la gobierno pública.

¿La respuesta está en la separación o en una nueva forma de cooperación? Este es precisamente el desafío que tienen los altagracianos, ahora divididos por una razón que de no ser debidamente manejada podría dejar heridas de larga cicatrización. La audiencia pública convocada en Higüey para el 29 de mayo promete ser un punto de inflexión. Será un espacio secreto para escuchar argumentos, valorar fuerzas y, quizás, trazar una hoja de ruta más consensuada. Por ahora, la provincia está dividida entre quienes ven en la municipalización una menester impostergable, y quienes la consideran un error histórico en construcción.

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